Por Alejandra Gallo
Casi terminado enero y con Cristina Kirchner recuperada y retomando a pleno sus actividades públicas, se reactivaron los movimientos empresarios para acelerar el tratamiento de los temas económicos que se moverán en los próximos meses.
El clima en el mundo empresario está marcado por la fortaleza que tiene el Gobierno y la particular impronta que le imprime para hacerla sentir. Un ejemplo: las petroleras. No resultó casual que en el discurso de reasunción la Presidenta se hubiese referido a la investigación a cinco empresas de este sector, a partir de la denuncia de ocho cámaras empresarias de bajo perfil que ahora el Gobierno tomó como propia.
Las acusa de abusar de los precios con su posición dominante y, aunque existan cinco petroleras bajo la lupa, hay sólo una que está en la mira: Repsol–YPF, más específicamente su CEO, Sebastián Eskenazi, a quien Cristina acusa de haber girado dividendos al exterior en medio de la crisis cambiaria. Ayer, una resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia, que sorprendió por su velocidad, finalmente ordenó bajar el precio del gasoil. Cosas de la “sintonía fina”, que muchos asimilan al tiempo del ajuste.
Otro ejemplo: la carta que la Unión Industrial le envió a la AFIP por la falta de detalles en la instrumentación del nuevo freno importador. No se trató de una declaración de guerra; por el contrario, su redacción ni siquiera esbozó el inicio de una etapa de hostilidades entre el sector fabril y la Casa Rosada. El volumen de la reacción oficial no pareció corresponderse con el tenor de la nota. Y en silencio obediente, el espectro empresario acusó recibo de la sensibilidad del oficialismo.
Ayer hubo una cumbre entre el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el presidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren. Del saldo de ese encuentro se desprende que el Gobierno seguirá sin tomar decisiones colegiadas, ni tampoco avisará previamente. También, que al titular de la AFIP le pidieron, desde el riñón de confianza de la Presidenta, bravura en sus dichos públicos. Y a De Mendiguren, sus representados en la central fabril y en el interior, también le exigieron respuestas a las propias inquietudes del sector.
Respecto de la normativa para las importaciones que empezará a regir en cinco días y de sus eventuales consecuencias negativas en el nivel de actividad, los empresarios repararon en el silencio de los gobernadores y de todo el arco opositor. En los despachos de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Salta, La Pampa y Buenos Aires descansan desde hace varios días advertencias por escrito de varias compañías sobre el eventual freno a la producción e inversión que la medida causaría.
Claro que este enfriamiento de la economía, al que tanto le temió el Gobierno en épocas de campaña electoral, se sentiría en las arcas oficiales entre marzo y abril, bajo la forma de menores niveles de consumo y de tributación. Esos informes privados a los gobernadores pronostican una merma en las exportaciones, actualmente muy atadas al ingreso de insumos importados, especialmente en automotrices, alimenticias y mineras. Una explicación posible de ese silencio podría ser la delicada situación financiera que afecta a varios caciques provinciales para pagar sueldos y encarar las negociaciones salariales con docentes y estatales.
En medio de un clima que tiende a calentarse, la preocupación por las paritarias tiene un lugar de máximo interés en la agenda empresaria. En ese sentido, ya está sobre la mesa la idea de que el Gobierno debe operar en esas negociaciones. Una señal en esta dirección ya la dio el propio ministro de Trabajo, Carlos Tomada: advirtió que si hay pedidos descontrolados por parte de los gremios, el Gobierno no homologaría los acuerdos. Y, de hecho, fue esa cartera la que terminó poniendo un parche al conflicto entre las distribuidoras (en especial Edesur) y el sindicato de Luz y Fuerza. Otra señal a varias puntas fue calificar de “apriete” a la marcha organizada por Pablo Moyano en Puerto Madero, justo donde viven muchos funcionarios de este mismo Gobierno. Usó ese término a pedido de Olivos y marcó los primeros escarceos en la puja salarial que se prenuncia.
En un sector del empresariado consideran que si el Gobierno sale a la cancha en estas paritarias tendrá armas para disciplinar: por ejemplo, los fondos para las obras sociales y los acuerdos en torno al suministro de medicamentos. Claro que estas herramientas podrían terminar en batalla campal, según quien las esgrima sobre la mesa de negociación. Una cosa sería si lo hiciera el ministro de Planificación, Julio De Vido, ahora en baja en la confianza de la Presidenta, pero no en la de los gremios y el empresariado. Y otra muy diferente si se encargara Guillermo Moreno.
En cualquier caso, la discusión salarial viene pesada por varios factores. Entre ellos, por la situación de la CGT y la relación personal de la Presidenta y el conductor de central obrera, Hugo Moyano. Por estas horas, incluso aparece como posibilidad una conducción tripartita para la CGT durante este año.
Con la preocupación por las paritarias rondándoles las cabezas, el Grupo de los Seis ya acordó que tratará el tema a mediados de febrero. Ahora será anfitriona la Cámara de la Construcción, donde podrían negociar salarios en dos tramos con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. Un primer acuerdo, por cerca del 10%, regiría durante cuatro meses y volverían a discutir hacia junio. Sería la primera vez que este modelo de negociación consigue seguidores en el sector privado.
