Daniel Alberto Sabsay es abogado constitucionalista, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN, Integra el Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y ha sido distinguido con las insignias de “Caballero y Oficial de la Orden Nacional del Mérito”, por el Gobierno de Francia, y con la Medalla al Mérito Académico por sus aportaciones al desarrollo del derecho ambiental, por la Universidad Nacional Autónoma de México.
-Entrando en el tema del medioambiente, ¿cómo podemos defenderlo cuando hay tantos intereses económicos de por medio?
-Tenemos que hacer lo que la Constitución dice. La Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano en el Art., 41 donde declara que todas las actividades productivas deben satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las futuras, o sea que toda acción productiva, susceptible de transformar recursos naturales, tiene que llevarse a cabo sin que produzca perjuicios importantes que sean considerados por la comunidad como no deseados o riesgosos para la calidad de vida y el medioambiente. Es así de simple. El desarrollo económico es indispensable, pero debe conjugarse con otro bien jurídico que es la calidad del ambiente, porque, de lo contrario, el desarrollo no va a ser sustentable, no va a durar. No es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro, sino no sirve. Es como en el caso de la pesca depredadora de los años 90, era la maravilla de los nuevos barcos factoría, la cantidad de puestos de trabajo que se crearon, por ejemplo, en Mar del Plata; las voces se alzaron, pero, en ese momento, no estaba la reforma de la Constitución, y no se pudieron hacer una serie de cosas. Pescaron de manera indiscriminada, predatoria, para después tirar la mayor parte de lo pescado porque no servía, lo cual, desde todo punto de vista, es atroz. Y es lo que todavía hoy se hace. ¿Cuál fue el resultado? En pocos años, varias especies colapsaron como la merluza hubbsi, del litoral marítimo del Atlántico Argentino, que ya casi no existe. Así, se cayeron las industrias, y se destruyeron los puestos de trabajo. Al no haberse equilibrado los valores social, ambiental y económico, terminó habiendo perjuicios para todos. En plena crisis, Mar del Plata padecía el mayor desempleo de toda la Argentina, y se extinguieron especies, lo cual me parece criminal desde todo punto de vista.
-¿Cómo ve el tema de la minería, de los glaciares?
-Lo veo horrorosamente mal, o sea que, en la Argentina, una ley de presupuesto mínimo de protección de glaciares, consensuada, muy bien elaborada, equilibrada y que, además, establece un inventario de glaciares, que no existía, que haya sido vetada por una fundamentación que es abismalmente contraria al Art. 41, a pesar de que fue sancionada por unanimidad en las dos Cámaras, habla de un gobierno al que realmente el ambiente no le importa nada. Asimismo, lo hizo privilegiando la alta minería que no respeta para nada la legislación ambiental. Por lo tanto, me preocupa y mucho. Ahora también, como un llamado a la ciudadanía y una voz de optimismo, en algunas comunidades como, por ejemplo, Esquel, Chubut, Río Negro, Mendoza, La Rioja, Catamarca, a través de sus legislaturas, se unieron los vecinos autoconvocados, con los grupos de izquierda, con la Iglesia Católica, es decir, se formó una alianza que realmente superaba los prejuicios y las posiciones ideológicas, la sociedad estaba unida para pedir una ley provincial que prohibía la minería a cielo abierto y con cianuro. Y lo lograron. Esto nos habla de que debemos participar, involucrarnos para reclamar protección. Ojalá que un día no sea necesaria nuestra intervención, porque de esto se tendrían que ocupar directamente las autoridades.
-Es que uno los vota justamente para que hagan ese trabajo.
-Claro, pero hay una enorme corrupción, que no es culpa únicamente de los funcionarios, los políticos y los empresarios.
-¿Cómo ve las campañas de Greenpeace?
-Cada organización cumple una función diferente, la nuestra ejerce un trabajo fuerte de investigación, de concientización, de desarrollo de proyectos y está, sobre todo, concentrada en el derecho ambiental. Greenpeace es como un enorme concientizador de la sociedad; realiza un trabajo que, a veces, resulta chocante, pero que es sumamente útil, porque, a través de esa especie de shock, genera, en las comunidades, una toma de conciencia y una posibilidad de ver una realidad que suele ser muy fuerte, pero que nos sirve luego a todos los que venimos detrás, porque va preparando el terreno extremadamente bien.
-¿Por qué hay discusión sobre los DNU? ¿Las leyes no son claras? ¿La Constitución no es clara?
-Las pautas constitucionales, en principio, son claras, digo en principio porque puede haber algún artículo que se preste a mayores posibilidades de darles distintos sesgos. En general, una constitución que contiene grandes reglas, si es interpretada de buena fe, no plantea grandes problemas para su aplicación. Creo que, en realidad, la madre del problema es esta dificultad que tenemos los argentinos, y en particular nuestras autoridades, de conformarse con reglas de derecho previamente establecidas, y en cambio ver los artilugios en aquellas circunstancias que no les resultan convenientes o consideran que se anteponen a sus propósitos. Entonces, buscan el modo de pasar por encima de ellas, este es el real problema, y todo lo demás es consecuencia de él. Creo que mucho de esta perplejidad en la comunidad es producto de una dificultad de entender cómo son las reglas y las normas, del poco interés en conocer la Constitución y de no reaccionar, con suficiente énfasis y oposición, cuando los gobernantes violan disposiciones de la Constitución, de la ley y de los tratados.
-¿Cómo puede defenderse el ciudadano?
-Involucrándose, saltando sobre la indiferencia, ése es el valor de esta campaña de “Chau Indiferencia”, es una cuestión de autoconciencia, preguntémonos todos cuánto hacemos, desde el pequeño rol que desempeñamos, para que las cosas cambien, o si somos meros espectadores, y veamos también hasta qué punto no actuamos de manera parecida en los diversos ámbitos de nuestra vida, cuánto respetamos el estatuto del club al que pertenecemos, cuánto respetamos las leyes de tránsito o la ley fiscal cuando debemos pagar nuestros impuestos.
-¿Es un problema de educación?
-Creo que es un problema de educación y cultural, es una matriz de comportamiento muy ligado a nuestros orígenes como nación, incluso en la época colonial, pero lo curioso es que, transcurrido tanto tiempo, muy poco hemos logrado superar. Incluso, en comparación con países hermanos, latinos, uno observa que, en muchos de ellos, ha habido una evolución interesantísima en ese sentido, por ejemplo, dudo mucho de que, en la Argentina, hubiese sido posible un juicio político como el que hubo en el Brasil, con el presidente Collor de Mello, o que una corte constitucional como la colombiana hubiese expresado, de modo objetivo y contundente, que no se le daba una nueva oportunidad de elección al presidente Uribe, pese a su gran popularidad. Eso demuestra la independencia de esa corte, el respeto de parte de las autoridades que no salieron a decir que son destituyentes y también la actitud de la comunidad que no lo ha visto mal. Estoy hablando de países con tradición presidencialista, tradición de golpes de estado, donde, sin embargo, hay una capacidad de control, de respeto a las normas.
