La contracción de la producción de cobre en Chile -principal productor global del metal rojo- abre una ventana de oportunidad para que el Perú consolide su participación en el comercio internacional.

Mientras la extracción en el país vecino registró un retroceso del 7,7% entre enero y agosto de 2026 según cifras de Cochilco, la producción peruana anotó un crecimiento moderado del 1,2% en el mismo período, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Este escenario revaloriza el portafolio de inversión minera peruano, valorizado entre US$ 58.000 millones y US$ 64.000 millones, monto sensiblemente superior a la cartera chilena, estimada en aproximadamente US$ 34.000 millones. La dinamización de estos activos resulta central frente a los pronósticos de la Agencia Internacional de Energía (IEA), que anticipa un déficit de oferta del 25% respecto a la demanda global para el año 2035, impulsado por la electrificación y la infraestructura tecnológica.

"El Perú cuenta con una cartera de proyectos de inversión minera de hasta US$ 64.000 millones, superior a los US$ 34.000 millones de Chile. Sin embargo, incrementar la producción requiere acelerar las decisiones de inversión, reducir los plazos administrativos y fortalecer la exploración para garantizar la sostenibilidad a largo plazo", sostuvo el director del Centro de Estudios en Energía, Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas.

En la misma línea, analistas del sector estiman que el desarrollo de nuevos proyectos y la expansión de operaciones existentes podrían permitir que el país recupere el segundo lugar en la producción mundial de cobre hacia el período 2030-2031.

Proyectos estratégicos y tiempos de maduración

Entre los activos con capacidad para transformar la curva de producción nacional destacan Tía María -proyecto que aportaría cerca de 120.000 toneladas anuales adicionales de cobre-, La Granja y Michiquillay. A ellos se suman las ampliaciones operativas en yacimientos en marcha como Las Bambas, Antamina y Cerro Verde.

Sin embargo, desde el sector remarcan que la puesta en marcha de megaobras de esta envergadura exige periodos de construcción de entre cuatro y cinco años. Por esta razón, el volumen de producción derivado de las nuevas decisiones de inversión comenzará a materializarse de forma sostenida hacia el cierre de la presente década.