A pocos días de la asunción de la nueva administración estatal, el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Guillermo Shinno, sostuvo que una de las tareas prioritarias del nuevo gabinete de ministros debe ser finalizar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), avanzando en su reemplazo por un marco legal que distinga con claridad a las operaciones que cumplen con los requisitos ambientales e industriales de aquellas que actúan fuera de la ley.

Con respecto a los plazos legislativos y el estado actual del padrón, el directivo del IIMP argumentó que al nuevo gobierno le restarán únicamente cinco meses de vigencia del actual sistema antes de su vencimiento legal. Sobre esta ventana temporal y el diseño del nuevo esquema normativo, Guillermo Shinno manifestó: “Creo que debería terminar. Cuando entre el nuevo gobierno, le van a quedar apenas cinco meses. Espero que le dé tiempo para sacar una nueva ley y poder trabajar con aquellos mineros que han avanzado su proceso de formalización. Y el resto, lamentablemente, va a tener que esperar”. El representante gremial añadió que las comisiones técnicas del Congreso ya albergan proyectos de ley en línea sobre esta materia, por lo que el Poder Ejecutivo deberá evaluar dichas propuestas para estructurar un período de transición ordenado.

Más allá de las modificaciones al sistema de formalización, el director del IIMP planteó que existen tres ejes de trabajo urgentes para recuperar la competitividad del sector y asegurar la llegada de nuevas inversiones de exploración y explotación. El primer componente técnico consiste en reestructurar el sistema de permisos sectoriales para disminuir los tiempos de tramitación burocrática, precisando que las agencias estatales deben optimizar sus procesos de evaluación sin reducir el rigor de las auditorías de ingeniería. En segundo término, Shinno apuntó a corregir las fallas en el uso del canon y las regalías en las zonas de influencia directa, detallando que la falta de carreteras, escuelas u hospitales obedece principalmente a ineficiencias operativas de los gobiernos regionales, locales y del propio gobierno nacional, y no a las compañías mineras. Finalmente, señaló que el combate frontal contra la minería ilegal debe ejecutarse como un eje de seguridad del Estado, de forma paralela a un esquema de formalización técnicamente viable.

La coordinación de estas políticas regulatorias forma parte de la agenda de análisis que los gremios de ingeniería y las empresas del sector evalúan ante el inicio de la próxima gestión gubernamental.

Los analistas de riesgo de mercado indican que la viabilidad del sector minero se mantendrá sujeta a la rapidez con la que el Congreso y el nuevo gabinete unifiquen criterios sobre los proyectos de ley pendientes. El vencimiento del plazo de cinco meses del Reinfo, la consistencia de los dictámenes parlamentarios para el período de transición y la capacidad de las agencias del Ejecutivo para unificar las ventanillas de permisos operarán como las variables críticas de control técnico que el mercado auditará para validar el dinamismo de las inversiones mineras.