La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) formalizó las directrices técnicas del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petróleos del Perú (Petroperú), una intervención corporativa de gran escala orientada a revertir la vulnerabilidad financiera de la empresa de bandera y reconfigurar su rol en el midstream y downstream del país.

Durante las sesiones analíticas del foro PERÚ ENERGÍA 2026, el director del proyecto de la agencia estatal, Ángel Delgado, delineó un plan de reingeniería profunda cuyo vector central persigue transformar a la operadora en una corporación financieramente autosostenible hacia el año 2032, facultándola para cubrir sus pasivos corrientes sin demandar nuevas transferencias presupuestarias del Tesoro Público.

El punto crítico de la estrategia gubernamental radica en la fragmentación operativa de la estatal mediante la próxima conformación de bloques patrimoniales independientes. Estas unidades específicas se estructurarán bajo rigurosos parámetros de autonomía operativa, generación auditable de flujo de caja y rentabilidad potencial, con el propósito expreso de captar el interés e incorporar el aporte técnico de operadores internacionales privados. Según precisó Delgado, los primeros planes específicos de promoción de estas unidades obtendrán la luz verde técnica en el mes de julio, asumiendo de forma preventiva que en su estado actual, la compañía carece de la espalda financiera indispensable para sostener el Capex requerido por las redes logísticas de la nación. “La empresa debe dejar de ser una carga fiscal y volver a convertirse en una plataforma de competitividad, seguridad energética y desarrollo para el país. La reorganización patrimonial y operativa de Petroperú no puede entenderse como un ajuste contable ni transitorio. Se trata de una reingeniería corporativa profunda. En las condiciones actuales, Petroperú no tiene capacidad financiera suficiente para asumir por sí sola las inversiones que requiere la infraestructura energética del país”, diagnosticó el funcionario de ProInversión.

El despliegue de este programa responde a un cuadro de asfixia de liquidez documentado al cierre del ejercicio 2025, periodo en el cual la estatal computó un capital de trabajo negativo cercano a los US$ 1.500 millones, reflejando una severa asimetría donde las obligaciones de corto plazo superaban con creces a los activos disponibles de rápida realización. Esta distorsión en el balance contable amenazaba la continuidad del refino y el despacho de carburantes en distritos interiores estratégicos, elevando el riesgo latente de un default que arrastrara la percepción del riesgo país en las plazas internacionales de capitales. Para estabilizar la operación, el nuevo marco normativo viabilizará un esquema de financiamiento de hasta US$ 2.000 millones, instrumentado a través de garantías crediticias destinadas a abaratar el costo del dinero en la banca privada. El representante sectorial enfatizó taxativamente que la inyección de fondos se ejecutará bajo condiciones estrictas de control regulatorio: “El Estado peruano no continuará financiando rescates sin condiciones, sin transparencia y sin resultados verificables. El esquema no constituye un subsidio ni un desembolso directo de recursos fiscales, sino una garantía diseñada para facilitar el acceso a financiamiento privado en condiciones favorables. La caja estará blindada”, aseveró Delgado, detallando que se auditará la trazabilidad de cada desembolso y se evaluará la desincorporación de la sede corporativa de la firma en San Isidro para sanear las cuentas.

Los analistas de mercado advierten que el éxito del ordenamiento societario de Petroperú operará como el factor determinante para destrabar el potencial de extracción del upstream peruano. De acuerdo con las proyecciones presentadas en el foro, la optimización de la cadena de refinación y transporte facilitaría un incremento en los ratios de extracción locales desde los actuales 45.000 barriles por jornada hasta un techo técnico de 245.000 barriles diarios de crudo. Reducir la brecha de producción física mediante la asimilación eficiente de capital privado persigue neutralizar la exposición del país a la importación neta de combustibles, blindando la previsibilidad de los precios energéticos en el mercado andino.