El sector corporativo de generación, transmisión y distribución eléctrica del Perú formalizó un severo diagnóstico respecto a las barreras estructurales que limitan el desarrollo de la infraestructura de red, en el marco de los debates técnicos del foro PERÚ ENERGÍA 2026.

Los directivos de las principales compañías energéticas del país coincidieron en que la falta de predictibilidad regulatoria, la alta rotación de autoridades políticas y el incremento de los trámites  burocráticos configuran un escenario de alto riesgo para la atracción de capitales fijos (Capex), precisamente en una coyuntura internacional donde la electrificación de la economía global y el superciclo de precios altos del cobre —proyectado para sostenerse entre 10 y 15 años— sitúan al mercado local en una posición estratégica ineludible.

La minería metalífera, que representa el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, el 60% de los envíos de comercio exterior y absorbe un tercio del consumo neto de electricidad, actúa como el principal dinamizador del upstream eléctrico. No obstante, Myriam Akhoun, consejera delegada (CEO) de ENGIE Energía Perú, advirtió que la transición energética global no se traducirá automáticamente en desarrollo sin un ordenamiento de largo plazo: “Lo sabemos es que la demanda para minerales críticos, como el cobre, nunca ha sido tan alta y sigue creciendo con la transición energética. Los precios tampoco nunca han sido tan elevados. Eso es una oportunidad concreta para el Perú. Cada proyecto de inversión necesita una visión de largo plazo y un marco regulatorio claro y sostenible”, precisó la ejecutiva de la firma francesa, contrastando los prolongados periodos de desarrollo de las plantas renovables —que insumen hasta diez años entre su concepción y su entrada en operación— con la volatilidad institucional del país. Asimismo, Akhoun relevó la vulnerabilidad de la matriz ante fallas de contingencia, recordando textualmente que la interrupción del suministro de gas registrada en marzo “generó un impacto económico equivalente a aproximadamente 0,5% del PBI anual. Eso muestra que una infraestructura resiliente es absolutamente clave para permitir un suministro confiable de energía”, concluyendo que la diversificación y el desarrollo de nuevos activos limpios por parte de los privados deben complementarse con redes robustas para evitar sobrecostos regulatorios a los usuarios.

Por otro lado, el gerente general de Luz del Sur, Mario Gonzales, centró su análisis en la pérdida de capacidades técnicas en los organismos reguladores y en la obsolescencia del esquema de remuneración sectorial, el cual permanece inalterado desde hace más de tres décadas. Gonzales defendió la necesidad de restablecer la predictibilidad jurídica como único mecanismo para mitigar los riesgos financieros: “Nadie invierte si no tiene un futuro predecible. Nadie puede tener predictibilidad en un lugar donde cambian las autoridades seis, diez o veinte veces en un año, o donde las reglas que funcionaban el año pasado cambian completamente al siguiente. Si tú no tienes seguridad, tienes mayor riesgo. Si tienes mayor riesgo, tienes dos opciones: inviertes o no inviertes. Si inviertes, le subes el precio. ¿Por qué una empresa tiene que invertir más? ¿Para ganar más dinero? No. La empresa tiene que invertir más para dar mejor servicio. El modelo cumplió su labor, pero seguimos con el mismo esquema después de más de 30 años y no se ha cambiado radicalmente”, argumentó, instando a reemplazar un modelo enfocado punitivamente en la contención de costos por un marco que incentive la asimilación tecnológica, la reducción de pérdidas de potencia y la disminución en la frecuencia de interrupciones del suministro.

Walter Sciutto, CEO de Pluz Perú, detalló que la planificación energética integrada debe configurarse como el pilar del desarrollo sostenible ante el escalamiento de la electromovilidad, las demandas de la transición metalúrgica y el crecimiento de la infraestructura de centros de procesamiento de datos vinculados a la inteligencia artificial. Sciutto apuntó de forma directa contra los cuellos de botella de la gestión de permisos que dilatan el despliegue de las líneas de transmisión y subestaciones: “Sin un sistema sólido de planificación energética no hay crecimiento económico ni desarrollo sostenible. No puede ser que cambiemos de criterio sistemáticamente o que distintas áreas del Estado generen requerimientos regulatorios distintos para una misma actividad. Para construir una central eléctrica, una línea de transmisión o una subestación pueden pasar cuatro o cinco años antes de colocar el primer ladrillo”. Frente a este escenario latente de saturación de redes, el ejecutivo propuso de manera formal la instrumentación de una ventanilla única administrativa que centralice los expedientes de licenciamiento y dote de plazos perentorios y transparentes al trámite regulatorio para asegurar la continuidad y confiabilidad del despacho de potencia en el mercado peruano.