El plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); Ambiente y Recursos Hídricos; y Economía, Energía, Minería e Industrias de la Cámara de Diputados de Mendoza inició formalmente la evaluación técnica para la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente al proyecto minero de exploración "Don Luis y Otro".

El tratamiento en las mesas parlamentarias —presididas por las legisladoras Beatriz Martínez (UCR), Érica Pulido (UCR) y María Fernanda Kaufman (LLA)— contó con la exposición del director de Minería de la provincia, Jerónimo Shantal, y del director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, junto a equipos técnicos del Ministerio de Energía y Ambiente. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, tramita su aprobación legislativa final para habilitar las tareas de prospección de minerales de primera categoría, focalizadas principalmente en litio y compuestos asociados como magnesio y cloruro de sodio.

El bloque exploratorio objeto de debate abarca una superficie neta de 234.256,5 hectáreas localizadas entre los departamentos de San Rafael y Malargüe, unificando un padrón de 25 derechos mineros cuya titularidad se distribuye entre una persona física y dos corporaciones. Entre las firmas participantes destaca una compañía de capitales australianos asociada a la firma nacional El Jarillar, operadora que explota el yacimiento de las Salinas del Diamante en dicho distrito desde hace casi un siglo. Shantal contextualizó la importancia estratégica del recurso geológico, advirtiendo sobre las presiones de oferta en el mediano plazo: “El proceso duró casi dos años, incluyó audiencias públicas, participación ciudadana y dictámenes de más de 9 organismos, resultando en la aprobación ambiental para explorar litio en el sur de Mendoza. La empresa debe cumplir varias obligaciones y etapas, con controles y monitoreos constantes por parte de la autoridad ambiental y minera, con exigencias que han solicitado los nueve organismos públicos que han sido incorporados en la Declaración de Impacto Ambiental, como monitoreos participativos, como puntos de control que vamos a tener referenciados nosotros también, y otras exigencias que tendrán que ir cumpliendo a medida que avance el proyecto. El litio es fundamental para la electromovilidad y la medicina, pero hay indicios de escasez debido a la alta demanda, especialmente en vehículos eléctricos. El reciclaje no será suficiente, por lo que es necesario impulsar la exploración, aunque solo una mínima parte de los proyectos llega a producción”.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental insumió un periodo de análisis de casi dos años, integrando dictámenes técnicos de más de nueve organismos públicos sectoriales. La estructuración de la licencia social contempló mecanismos de participación ciudadana mediante la sustanciación de dos audiencias públicas —desarrolladas de forma presencial en las comunas de San Rafael y Malargüe con opción de adición de descargos escritos post-evento—, visitas técnicas directas al área de concesión y la apertura de un canal de compulsa pública en soportes físicos y plataformas digitales de las direcciones de control para transparentar el expediente. En este sentido, Leonardo Fernández detalló los nuevos instrumentos de fiscalización que implementará la provincia, señalando que durante el presente ejercicio pondrán en práctica una aplicación ambiental digital diseñada para asegurar la trazabilidad estricta de los residuos peligrosos generados por la actividad. “Estará todo georreferenciado, incluso los transportistas”, puntualizó el director, precisando que el monitoreo cubrirá desde el frente de mina, pasando por el transporte, hasta el operador de disposición final, complementado por sistemas de monitoreo participativo interactivos con inscripción abierta en la web del Ministerio.