El Instituto Peruano de Economía (IPE) formalizó el dictamen de su boletín estratégico y los lineamientos técnicos para una reforma integral de Petróleos del Perú (Petroperú) durante el seminario virtual “Petroperú después de las elecciones: Hoja de ruta para no retroceder”.

El panel técnico, integrado por Diego Macera, director del IPE; Anthony Laub, exsecretario general del Ministerio de Energía y Minas (MINEM); y Arturo Vásquez, exviceministro de Energía del MINEM y socio de GERENS, concluyó de manera unánime que el deterioro financiero y operativo de la empresa estatal requiere una reestructuración de fondo bajo el amparo reglamentario del DU N° 010-2025, instrumento que habilita el proceso de reorganización de la corporación.

El diagnóstico del balance financiero de la petrolera revela una situación de insolvencia estructural que se ha visto enmascarada por sucesivas inyecciones de capital soberano; de acuerdo con las proyecciones del IPE, sin el respaldo del Tesoro Público la compañía acumularía 13 ejercicios anuales consecutivos con flujos netos negativos. Diego Macera precisó que la deuda financiera de la empresa estatal se multiplicó por diez desde el año 2013, traccionada por la ejecución de las obras de la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo de ingeniería final se elevó hasta los US$ 6.530 millones, un valor cuatro veces superior al presupuesto base original. Al pasivo contable se le adiciona un escenario de alta volatilidad en la gestión institucional: en el quinquenio comprendido entre 2021 y 2026, la operadora registró el paso de 10 gerentes generales y 13 presidentes de directorio, fijando una permanencia media de sólo tres meses por gestión. “Petroperú pasó de ser un tema energético a ser un tema fiscal. Sin predictibilidad en la gobernanza, no habrá ningún avance”, aseveró el director del IPE, estimando en S/ 32.100 millones los apoyos financieros dedicados por el Estado a la compañía desde 2013.

En el análisis de las operaciones del upstream, Anthony Laub observó con cautela el esquema de asignación del Lote 192 —uno de los activos de mayor escala de producción del país— otorgado a la estatal prescindiendo de los requisitos originales de captación de socios operadores privados. Asimismo, criticó las limitaciones del fideicomiso estructurado mediante el Decreto de Urgencia N° 003-2026: “El fideicomiso establecido es incompleto, porque solo funciona sobre el monto de las nuevas garantías financieras otorgadas. Hubiese sido ideal que el fideicomiso se establezca sobre toda la caja de la empresa”. Laub advirtió que las medidas de auxilio financiero aplicadas actúan como paliativos de liquidez de corto plazo, pero eluden resolver las ineficiencias de fondo y la incapacidad de generar caja en el largo plazo.

Los exfuncionarios y especialistas del mercado de combustibles evalúan que la sustentabilidad de la matriz energética nacional y el abastecimiento de refinados no debe ligarse a la subsistencia de un operador estatal insolvente, sino al robustecimiento de la infraestructura logística de transporte y almacenamiento. Arturo Vásquez enfatizó la urgencia de delimitar el rol de la empresa pública mediante legislación expresa: “Tiene que haber un mandato claro de lo que tiene que hacer y no hacer Petroperú”, afirmó el especialista de GERENS, matizando que los beneficios actuales por la cotización internacional del crudo responden a un ciclo temporal que decaerá, dificultando el pago de los compromisos de deuda vigentes. Los analistas concluyeron que el proceso de reorganización integral debe complementarse con la remoción de la densa tramitología que ralentiza la exploración y explotación de cuencas, asignando a la agencia estatal Perúpetro un rol crítico en el fortalecimiento y transparencia de las próximas licitaciones de lotes petroleros para atraer nuevas inversiones privadas al mercado peruano.