El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), a través de su gerente general, Gustavo De Vinatea, analizó las variables de competitividad de la actividad extractiva local y determinó que el país andino enfrenta una ventana de oportunidad histórica traccionada por la transformación energética global y la demanda de infraestructura tecnológica.

No obstante, la entidad técnica advirtió que la capitalización de este escenario favorable por parte de las futuras administraciones políticas estará supeditada de forma crítica a la ejecución de reformas estructurales orientadas a mitigar la burocracia administrativa y restablecer el control del suelo en las zonas productoras.

La lectura macroeconómica de la institución asocia el potencial peruano con el despliegue de las energías renovables, la electromovilidad, los centros de datos y la inteligencia artificial, frentes de alta tecnología que demandan un suministro intensivo de metales base. En este contexto, De Vinatea precisó que el país posee actualmente capacidad operativa para proveer ocho de los 17 minerales críticos catalogados a nivel internacional, volumen que podría elevarse a once variedades mediante adecuaciones normativas. “Creo que el próximo gobernante del país por los próximos cinco años no podría encontrar un mejor contexto de cara al sector minero. El principal producto que produce el Perú es el cobre y muchos dicen que es el nuevo petróleo del mundo”, fundamentó el ejecutivo, recordando que la nación concentra la segunda reserva mundial de cobre y que, en coparticipación con Chile, abastecerá más del 50% de la oferta global de dicho metal en el mediano plazo.

Pese a las condiciones del mercado de materias primas, el IIMP detalló un diagnóstico que identifica tres líneas de intervención urgentes para no comprometer la llegada de capitales fijos upstream. En primer término, el gremio planteó el diseño de un marco estratégico unificado: “El Perú necesita una política minera al 2050 que permita que todo el Estado comprenda la importancia estratégica de este recurso y acompañe el desarrollo de los proyectos”, expuso De Vinatea. Como segundo eje, urgió una reforma procedimental en las agencias reguladoras de fiscalización, señalando que la densidad de los tramites locales provoca que un yacimiento demore hasta 40 años en iniciar producción comercial: “No se puede demorar 40 años un proyecto en ver la luz. Necesitamos poner en fast track los proyectos vinculados a minerales críticos, sin bajar estándares ambientales, sociales o laborales”, argumentó.

Finalmente, la gerencia general del IIMP abordó de manera analítica y precavida el incremento de las actividades de extracción ilícita en diversas regiones del territorio, caracterizándolas como el principal vector de desestabilización para el entorno corporativo B2B. “Sin seguridad jurídica en los territorios no hay inversión, no hay desarrollo, no hay nada. Estamos ceding territorios a la ilegalidad. La ilegalidad está tomando el país”, alertó De Vinatea. En este ámbito de control, el dirigente cuestionó los sucesivos aplazamientos aplicados a la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), evaluando que dicho instrumento legal ha contribuido a perpetuar las condiciones de informalidad y a debilitar la predictibilidad jurídica que requieren las carteras de inversión internacional en el distrito.