El Subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, formalizó una sesión técnica informativa con el propósito de exponer ante las asociaciones gremiales de la Región de Antofagasta los alcances y modificaciones estructurales contenidos en el proyecto de ley que busca simplificar y aportar certeza jurídica al sistema de patentes mineras.

La iniciativa legal, que constituye el primer proyecto sectorial en materia extractiva introducido bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, ingresó de forma oficial a su primer trámite constitucional en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados durante la primera semana de junio.

El diseño normativo introduce modificaciones directas al régimen de propiedad y amparo minero regulado por el Código de Minería, orientadas a viabilizar las operaciones de menor escala mediante la remoción de trabas de carácter administrativo y financiero. Específicamente, la propuesta plantea la eliminación del incremento progresivo de los costos de las patentes y suprime las exigencias vigentes relacionadas con el límite de las 500 hectáreas, los vínculos de parentesco y los tipos de estructuras societarias requeridas para calificar al beneficio de la tasa rebajada. Al respecto, el subsecretario Álvaro González precisó los lineamientos programáticos del Ejecutivo central: “Como primer proyecto de ley en materia minera que presenta la administración del Presidente Kast, esta iniciativa está en el corazón del plan de gobierno para pasar a ser un Estado facilitador, lo que es clave para que recuperemos la senda del crecimiento y el progreso social. Si queremos que el potencial de la pequeña y mediana minería se desate necesitamos que las reglas sean razonables y los costos no afecten la sostenibilidad de la actividad”.

El nuevo esquema flexibiliza los criterios de postulación al ampliar el universo de beneficiarios aptos para recibir la bonificación tributaria. De acuerdo con lo expuesto por la autoridad ministerial, el derecho a solicitar la patente rebajada no se restringirá de manera exclusiva al concesionario original, incorporándose a las figuras de arrendatarios y operadores que exploten legítimamente la pertenencia minera. “Apunta a dar un esquema regulatorio que le haga fácil la vida a los mineros e incentive también la inversión en exploración, aportando mayor certeza a los mineros que participan del proceso de postulación a una patente rebajada. Además, se amplían los beneficios”, argumentó González.