Durante la segunda reunión informativa por el proyecto de Súper RIGI realizada en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), repasó cómo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones modificó de manera sustancial la percepción de los inversores internacionales sobre el país, con foco en el sector cobre.

Un pasivo histórico que pesaba sobre la minería

Cacciola comenzó su exposición haciendo un repaso histórico. Recordó que la Ley de Inversiones Mineras, sancionada en 1993, "es una muy buena ley" que se cumplió "a rajatabla" hasta 2007. Ese año, mediante una decisión administrativa, se incrementó la carga impositiva a proyectos que ya contaban con estabilidad fiscal sin pago de derechos de exportación. Si bien la norma preveía que las empresas afectadas podían reclamar la devolución de lo pagado en exceso, esos reclamos nunca se resolvieron y siguen sin solución hasta hoy.

Según el titular de CAEM, ese incumplimiento se convirtió en un lastre permanente para la imagen del país en los foros internacionales. "Sistemáticamente, del 2008 en adelante, en el PDAC de Toronto —el evento minero más importante del mundo— nos preguntaban si el tema se había corregido, y lamentablemente teníamos que decir que no", relató.

El RIGI como punto de quiebre

Para Cacciola, el elemento central que cambió esa percepción fue la posibilidad que otorga el RIGI a los inversores de litigar en el exterior, una vía a la que no pudieron acceder quienes resultaron perjudicados por el incumplimiento de la ley de inversiones mineras. A esto se suman beneficios económicos como la reducción del impuesto a las ganancias, la eliminación de derechos de exportación, la devolución acelerada del IVA y, sobre todo, el acceso a divisas para operar y para el pago de dividendos, una restricción que el sector sufrió "muy duramente" entre 2020 y 2023.

"Ya no debemos hablar más de potencial. Lo potencial es que desarrollemos los proyectos, porque los minerales son una realidad", subrayó, en referencia a la histórica comparación con Chile, que exporta US$50.000 millones anuales en cobre frente a los prácticamente cero de la Argentina.

De la percepción a las inversiones concretas

Cacciola enumeró los movimientos corporativos que, a su juicio, confirman ese cambio de escenario casi inmediatamente después de la sanción del RIGI:

BHP, la mayor minera del mundo, conformó un joint venture con la canadiense Lundin Mining para avanzar con el proyecto Vicuña en San Juan, que abarca los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Rio Tinto, segunda compañía minera global, decidió instalarse en el país para invertir más de US$2.000 millones en el proyecto de litio Rincón, en Salta. Y Glencore, titular de los proyectos Pachón (San Juan) y Minera Agua Rica (Catamarca) —conocidos desde la década del 60—, también avanza en sus desarrollos.

"Quiero decir claramente que el RIGI ha cambiado la percepción por realidad en materia minera. Las inversiones están llegando", afirmó, y destacó además que la reciente reforma a la Ley de Glaciares aprobada en el Congreso permitirá acelerar esos proyectos.

Los números del RIGI minero

En cuanto al estado de las adhesiones, Cacciola precisó que se presentaron 15 proyectos mineros, de los cuales solo uno fue rechazado. Diez ya fueron aprobados, por un monto total cercano a los US$37.000 millones, mientras que los cuatro restantes —"los más grandes"— se encuentran pendientes y representan más de US$32.000 millones adicionales. Según su estimación, esas aprobaciones llegarían en los próximos 45 a 60 días, lo que llevaría el total de proyectos mineros aprobados y en marcha a cerca de US$59.000 millones.

A esto se suman otros proyectos de gran escala que todavía no presentaron su solicitud al RIGI, como Taca Taca en Salta. Por eso, la proyección de CAEM es que, antes de que finalice el plazo de adhesión al régimen, la minería argentina podría sumar inversiones por más de US$110.000 millones.

Cobre: de exportaciones nulas a US$18.000-20.000 millones

El presidente de CAEM puso especial énfasis en el cobre como "la figura principal" del futuro minero argentino. Con los siete proyectos que hoy están en condiciones de iniciar construcción, estimó que en un plazo de cuatro a seis años el país podría alcanzar exportaciones de cobre de entre US$18.000 y US$20.000 millones anuales, partiendo de una base actual prácticamente nula.

En materia de empleo, proyectó que la etapa de construcción de cada uno de esos siete proyectos demandará en promedio 7.000 puestos directos, con un efecto multiplicador de entre 2 y 2,5 veces. Eso ubicaría el empleo total —directo e indirecto— por encima de los 120.000 puestos durante la construcción. En la etapa de operación, las cifras bajan a un promedio de 3.000 empleos directos por proyecto, con un multiplicador similar.

El salto del litio

Aunque el desarrollo del litio comenzó antes de la sanción del RIGI —"fuertemente desde 2022"—, Cacciola lo incluyó como parte del mismo fenómeno de revalorización del país. En 2022 la Argentina contaba con dos proyectos en producción y generaba 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente; en 2025 ya son siete los proyectos activos y la producción saltó a 116.000 toneladas. Con los proyectos en construcción y exploración avanzada, CAEM proyecta que para 2035 el país podría convertirse en el segundo productor mundial de carbonato de litio.

En el plano de las exportaciones mineras totales, el directivo recordó que en 2024 sumaron US$4.000 millones, en 2025 treparon a US$6.000 millones y la proyección para 2026 —impulsada por el litio y sostenida por el oro y la plata— ronda los US$10.000 millones. "En dos años estaríamos superando el 120% de crecimiento en exportaciones", remarcó.

Contenido local: "el 20% es un piso, no un techo"

Consultado por la polémica en torno a la compra de módulos habitacionales para el proyecto Vicuña, Cacciola sostuvo que, como cámara empresaria, "no nos corresponde inmiscuirnos en las decisiones corporativas", pero remarcó que desde CAEM se trabaja para articular a las provincias mineras con las provincias industriales y así ampliar la oferta local de bienes y servicios.

Explicó que, una vez en operación, los proyectos mineros derivan al país no menos del 80% de las exportaciones que generan, mientras que el 20% restante corresponde a importaciones recurrentes y, eventualmente, a giro de utilidades al exterior. En ese sentido, pidió "desmitificar" la exigencia de integración local mínima del 20% que prevé el RIGI: "Ese 20% no es un tope, sino un piso. Si trabajamos de manera ordenada, podemos lograr que las corporaciones involucren más activamente a proveedores locales", planteó, mencionando capacitaciones en marcha en provincias como Córdoba y Santa Fe.

El pedido al Congreso: sostener las "reglas de cumplimiento" más allá del RIGI

Cacciola cerró su exposición con el pedido central del sector minero ante los diputados: dado que el RIGI vence a mediados de 2027, propuso "reinstalar" en la Ley de Inversiones Mineras los términos de cumplimiento que estableció el régimen, más allá de sus beneficios impositivos. Puntualmente, se refirió a la posibilidad de litigar en el exterior y al acceso a las divisas necesarias para las operaciones y el pago de dividendos. "No creemos que pueda haber beneficios indefinidos discriminando entre sectores, pero sí que estas garantías permanezcan más allá de que la ley concluya", concluyó.