El gobernador Marcelo Orrego remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de "Ley para el Desarrollo Local Minero", una norma que apunta a garantizar que los beneficios de la expansión minera provincial —impulsada por compromisos de inversión bajo el RIGI que superan los USD 31.200 millones en cinco proyectos— se traduzcan en empleo y desarrollo empresarial concreto para los sanjuaninos.

La iniciativa no fija cupos obligatorios ni restringe la libre competencia, pero obliga a las empresas mineras y sus principales contratistas a presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores con metas progresivas, medibles y de reporte público. Los objetivos centrales son que el 80% de los trabajadores de cada operación sean residentes de San Juan —con prioridad para los departamentos de influencia directa— y que el 60% del monto anual de contrataciones de bienes, obras y servicios se oriente a empresas sanjuaninas.

"La experiencia internacional demuestra que el impacto positivo de la minería no depende del volumen extraído, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad y desarrollo empresarial a largo plazo", señaló el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.

Tres ejes y un incentivo fiscal

El proyecto se articula sobre tres pilares: desarrollo del empleo local, fortalecimiento de proveedores y vinculación de las acciones corporativas con los planes estratégicos municipales, para que las inversiones en educación, salud e infraestructura no sean esfuerzos aislados sino parte del desarrollo planificado de cada departamento.

Un elemento diferencial es la apuesta por la previsibilidad: las empresas deberán publicar cronogramas estimados de compras para que proveedores de Jáchal, Iglesia o Calingasta puedan anticiparse y prepararse para competir. Asimismo, se crea el RE.PRO.MIN —Registro de Proveedores Mineros de San Juan—, público y digital, con requisitos de arraigo real: domicilio operativo, tributación local y al menos el 80% del personal residente en la provincia.

Como incentivo al cumplimiento simultáneo de ambas metas, las operadoras que alcancen el 80% de empleo local y el 60% de compras locales recibirán un Certificado de Crédito Fiscal transferible, cedible a pymes proveedoras para cancelar impuestos provinciales.

Marco institucional y sanciones

El Ministerio de Minería ejercerá como Autoridad de Aplicación, asistido por un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial que auditará la trazabilidad de los planes. El incumplimiento injustificado de metas dará lugar a sanciones que van desde el apercibimiento hasta multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias. La norma abroga la Ley 1208-M, que nunca fue implementada, y otorga entre 60 y 90 días desde su vigencia para la presentación de los planes iniciales.

En la Legislatura, el oficialismo confirmó respaldo transversal para el tratamiento del proyecto.