El ENReGE realizó la audiencia pública por la solicitud de TRANSENER a pedido de Vicuña Argentina para acceder e incrementar la capacidad del corredor eléctrico Nueva San Juan–Rodeo. Mineras competidoras, el municipio de Jáchal y organismos provinciales expusieron reparos técnicos, regulatorios y territoriales ante la reserva del 90% de la capacidad por 25 años en favor del proyecto Josemaría.
El pedido bajo examen
La audiencia, convocada mediante Resolución ENRE Nº 219/2026 y presidida por Aldo Furnari —jefe de Departamento de Accesos y Ampliaciones del ENReGE—, analizó las solicitudes de acceso a la capacidad y de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica que TRANSENER presentó a requerimiento de Vicuña Argentina para abastecer el complejo minero a cielo abierto Josemaría (fase 1), en San Juan.
En el centro del debate estuvo la Resolución ENReGE Nº 79/2026, que otorga a Vicuña Argentina una prioridad del 90% sobre la capacidad remanente del corredor Nueva San Juan–Rodeo por un plazo de 25 años. A lo largo de más de tres horas de exposiciones, la audiencia recibió cuestionamientos desde múltiples frentes: otras empresas mineras, organismos reguladores provinciales y el gobierno municipal de Jáchal.
Golden Mining: una reserva desproporcionada que compromete a Hualilán
Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining S.A. y directora ejecutiva de Challenger Gold —operadora de la mina Hualilán—, presentó los argumentos más técnicos contra la resolución impugnada. Señaló que la norma reserva 545,7 MVA para una demanda declarada de apenas 260 MW, y calificó esa brecha como una "desproporción manifiesta entre la firmeza del beneficio otorgado y la consistencia técnica de sus presupuestos".
"Lo que el acto administrativo califica como 'capacidad remanente' es, en rigor, infraestructura troncal pagada por la comunidad." — Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining / directora ejecutiva de Challenger Gold
Delgado advirtió que el corredor Nueva San Juan–Rodeo es una red preexistente financiada con fondos públicos —PIEDE y Fideicomiso Línea 500 kV— compartidos entre la Nación y la Provincia de San Juan, por lo que su reserva casi total en favor de un único agente privado transformaría un recurso sistémico en un beneficio de exclusividad.
Adicionalmente, cuestionó que el cálculo de capacidad se basó en una hipótesis de "barra de potencia infinita", condición que la propia CAMMESA calificó como "no ajustada a la condición actual del sistema" y que depende de obras futuras que Vicuña no propone ni financia.
Para Hualilán, las consecuencias son concretas: el proyecto requiere 15 MVA a partir de 2028 y proyecta alcanzar 40 MVA en 2030. Golden Mining ya ingresó ante el EPSE la solicitud de factibilidad de conexión al nodo Tocota, con un cronograma de conexión efectiva anterior a la demanda proyectada de Vicuña. La empresa solicitó la revocación del acto administrativo, la incorporación de mecanismos "use it or lose it" y la realización de un estudio técnico integral que contemple todas las demandas en trámite.
Jáchal: equidad territorial y soberanía energética
El intendente de Jáchal, Matías Espejo, participó en representación del municipio y planteó la postura institucional del departamento frente a la planificación energética de la provincia. Sin oponerse al desarrollo de infraestructura, condicionó su aval a que las decisiones se adopten con equidad territorial, transparencia y visión de largo plazo.
"No estamos en contra de la necesidad de ejecutar obras de infraestructura para mejorar las condiciones de toda la región norte. Pero no a cualquier costo: no podemos perder la soberanía energética ni permitir que se priorice a un solo operador en desmedro de las poblaciones aguas abajo." — Matías Espejo, intendente de Jáchal
Espejo definió a Jáchal como un "nodo estratégico para el desarrollo energético, minero, industrial y productivo" de la provincia y destacó el respaldo técnico del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), cuya participación en la audiencia aportó fundamentos normativos que, según indicó, refuerzan la posición municipal.
El ENReGE tomará 30 días para resolver
Al cerrar la audiencia, Furnari anunció que —a pedido de las empresas— el ENReGE se tomará 30 días para analizar las ponencias y comunicar su decisión, en virtud de la envergadura de la obra, las notas recibidas el día previo y el principio de ahorro procesal. Cualquier hecho nuevo se incorporará al expediente y será notificado a los expositores. El informe de cierre se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio del organismo.
