El organismo regulador analizará la solicitud de ampliación y acceso a la infraestructura eléctrica de Extra Alta Tensión en el norte de la provincia. La prioridad de uso que pretende la operadora privada despierta fuertes cruces políticos, el rechazo de municipios locales y la objeción de proyectos mineros competidores.

El futuro del abastecimiento eléctrico para la gran minería de la provincia de San Juan vivirá una jornada de máxima definición institucional. Se llevará a cabo la Audiencia Pública convocada originalmente por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) —cuyas funciones de control e instrucción se encuentran en pleno proceso de unificación— para evaluar el pedido de acceso a la capacidad de transporte de energía y la posterior ampliación de infraestructura presentado por la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (TRANSENER S.A.) a solicitud de Vicuña Argentina S.A..

El debate girará en torno al megaproyecto de construcción de una nueva Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV, con una extensión aproximada de 167 kilómetros, que unirá la Estación Transformadora (ET) Rodeo con la futura ET Chaparro. La obra, que demandará una inversión privada estimada en 500 millones de dólares, resulta vital para el desarrollo del distrito minero Vicuña (que nuclea a los yacimientos de cobre de clase mundial Josemaría y Filo del Sol), los cuales requerirán un piso de potencia cercano a los 700 MW para operar. A modo de comparación, la demanda energética total proyectada para este único holding minero supera el consumo promedio de toda la provincia de San Juan, estimado en 480 MW.

El nudo del conflicto: Prioridad de reserva sobre infraestructura pública

A pesar de que el grupo de capitales internacionales propone asumir inicialmente el costo financiero de la obra de ampliación, el punto neurálgico que ha desatado una fuerte tormenta política y judicial es el pedido de prioridad de uso sobre el 90% de la potencia de transporte por un plazo de 25 años.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan y diversos sectores técnicos encendieron las alarmas al denunciar que la resolución nacional que viabiliza el proyecto calcula los márgenes de energía disponibles basándose en una futura operación de 500 kV que técnicamente todavía no existe en la práctica, poniendo en riesgo el transporte eléctrico provincial actual en el tramo Nueva San Juan - Rodeo.

El avance de esta iniciativa generó el rechazo inmediato de múltiples actores estratégicos:

Competencia minera: Gigantes del sector que avanzan con proyectos de cobre de gran envergadura en la región, como Los Azules (que requiere cerca de 119 MW para sus propias operaciones), miran con extrema cautela y cuestionan el otorgamiento de prioridades exclusivas que bloqueen la red y limiten la capacidad remanente de energía para los próximos años.

Reclamo de los Municipios: Intendentes de los departamentos de la zona de influencia han manifestado reparos institucionales severos. Desde el municipio de Jáchal calificaron la medida como un "avasallamiento del federalismo" y advirtieron que "es sumamente preocupante que una corporación privada concentre de forma directa el manejo de la infraestructura energética estratégica, vulnerando el principio de soberanía y control público sobre los recursos del Estado".

Impacto en renovables: Analistas del sector advierten que un bloqueo de la potencia en los nodos norteños frenaría por completo la posibilidad de inyectar nueva energía proveniente de los parques solares proyectados en la región.

Un debate bajo la lupa y en un marco de alta tensión

La audiencia se desarrollará bajo modalidad digital (vía streaming). Los instructores designados por el área de análisis regulatorio nacional han otorgado un lapso riguroso de exposición: 5 minutos para los oradores particulares y un máximo de 10 minutos para los representantes técnicos de las personas jurídicas e instituciones inscriptas. Se prevé una jornada extensa de exposiciones encontradas, donde las cámaras mineras, autoridades provinciales, gremios y asambleas vecinales buscarán dejar asentada su postura.

El contexto institucional que rodea a este debate técnico-económico añade una capa de complejidad extrema. La salida imprevista de Néstor Lamboglia de la conducción regulatoria en Buenos Aires, motivada por fuertes disputas internas sobre el manejo operativo del nuevo superente unificado, ha cargado de desconfianza los pasillos del sector privado. Diversas fuentes empresarias y de la oposición sanjuanina deslizaron que se evalúan presentaciones ante la Justicia Federal para impugnar cualquier resolución posterior si consideran que el proceso administrativo lesionó los derechos de la provincia de administrar sus propias redes de media y alta tensión.