La expansión de las economías subterráneas vinculadas a la extracción de minerales críticos registra un incremento estadístico representativo en el territorio nacional.

De acuerdo con un informe técnico elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) y difundido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), las denuncias interpuestas por el delito de minería ilegal y sus formas agravadas experimentaron un crecimiento del 53% en lo que va del año 2026. Las cifras oficiales evidencian un desborde operativo que sitúa a esta actividad ilícita entre las principales amenazas para el ordenamiento económico, ambiental y de seguridad de la nación.

El factor del precio del oro y el crimen organizado

La intensificación de este flagelo se inscribe dentro de un entorno macroeconómico internacional caracterizado por la escalada en las cotizaciones de las materias primas. Los analistas sectoriales sostienen que las altas primas e incentivos comerciales del mercado aurífero actúan como el dinamizador primordial de la extracción no regulada. Al respecto, los registros históricos detallan que el valor internacional del metal precioso ha alcanzado picos sin precedentes en el actual período fiscal, consolidando una estructura de alta rentabilidad que sirve para el financiamiento de redes de delincuencia organizada y lavado de activos.

El avance territorial ya no se limita de forma exclusiva a las regiones de las cuencas amazónicas tradicionales, sino que compromete operaciones formales en curso, concesiones en etapa de prospección y zonas ecológicas de resguardo. Representantes de la sociedad civil y gremios mineros manifestaron de forma conjunta que la proliferación de plantas procesadoras y comercializadoras dificulta el establecimiento de mecanismos eficaces de trazabilidad sobre el origen de los cargamentos de exportación, permitiendo que el mineral de procedencia dudosa se infiltre de manera sistemática en el circuito formal de negocios.