El Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) oficializó el lanzamiento de su informe de progreso Transparencia Fiscal en América Latina 2026.

El reporte técnico determina que el fortalecimiento de la cooperación tributaria internacional y el uso sistemático de los datos cruzados se han consolidado como un potente motor para la movilización de recursos domésticos. Los avances normativos en la región están permitiendo a los Estados recuperar ingresos clave, contrarrestando el impacto de la informalidad y las brechas de financiamiento público.

Pérdidas por evasión e impacto en la recaudación real

La magnitud de los desafíos fiscales en el subcontinente sigue registrando indicadores críticos. De acuerdo con las variables presentadas en el documento, "la recaudación tributaria que se pierde debido a la evasión fiscal es significativamente elevada en la mayoría de los países latinoamericanos, ascendiendo al 6.7% del producto interior bruto (PIB) de la región, según algunas estimaciones". Para revertir esta situación, los miembros de la Declaración de Punta del Este intensificaron la aplicación de auditorías y el uso del Estándar Común de Reporte (CRS) para identificar cuentas offshore no declaradas.

Estas herramientas de control han arrojado resultados financieros medibles. El balance oficial destaca que "en 2025, los países latinoamericanos han identificado al menos EUR 577.6 millones de ingresos adicionales (impuestos, intereses y sanciones). Esto eleva los ingresos adicionales acumulados identificados desde 2009 a través de los mecanismos del EOI y los programas de divulgación voluntaria (PDV) relacionados a al menos EUR 29 000 millones". Esta última cifra representa de forma estimada el 21% de los ingresos adicionales totales detectados por los miembros en desarrollo del Foro Global en el plano internacional.

Renovación de autoridades y metas de gestión

Para coordinar la aplicación continua de estas estrategias de fiscalización, la Iniciativa de América Latina formalizó su renovación de autoridades bajo un marco de gobernanza anual establecido por los ministerios de hacienda de los 16 países miembros. Para el período fiscal de 2026, el Javier Franco Castillo, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú, asumió la Presidencia del organismo, acompañado por el Gustavo González Amilivia, Director General de Rentas del Uruguay, en la Vicepresidencia. La nueva conducción reemplaza a la gestión de 2025, la cual estuvo liderada por la Adriana Gomes Rêgo, de la Receita Federal de Brasil.

Respecto a las prioridades operativas fijadas para el presente ejercicio económico, el nuevo vicepresidente Gustavo González Amilivia delineó las líneas técnicas de acción y señaló: "La principal prioridad es consolidar una implementación efectiva y orientada a resultados de los estándares de transparencia fiscal, asegurando que el intercambio de información (EOI) se traduzca en mejoras concretas en el cumplimiento tributario. Pondremos un fuerte énfasis en maximizar el uso del EOI, tanto previa solicitud como automático, mediante el fortalecimiento de las estrategias domésticas, el mayor aprovechamiento de los datos del Estándar Común de Reporte (CRS) y el apoyo a áreas clave como la transparencia de beneficiarios finales y la implementación del Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) en la región"