El Ministerio de Minería provincial aprobó la novena actualización del Informe de Impacto Ambiental del histórico yacimiento, habilitando seis años más de operación con estrictas condiciones ambientales. En paralelo, YMAD y Minera Alumbrera firmaron un acuerdo para financiar rutas y tomógrafos en los departamentos del área de influencia.

En un doble movimiento que marca el inicio de una nueva etapa para uno de los yacimientos mineros más emblemáticos de la Argentina, el Ministerio de Minería de Catamarca aprobó la reactivación ambiental de Bajo La Alumbrera y el gobierno provincial firmó un acuerdo con la empresa operadora por el que se comprometen aportes extraordinarios de $5.500 millones para obras de infraestructura y equipamiento sanitario en los departamentos del área de influencia.

La aprobación de la novena actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA), formalizada mediante resolución del 30 de abril, habilita la reactivación de la Fase 13 del yacimiento Bajo La Alumbrera y las Fases 4 y 5 de Bajo El Durazno, con un esquema operativo que se extenderá entre 2026 y 2031. La medida involucra tareas de reacondicionamiento de infraestructura minera, estabilización de taludes, desagote de pits, movimiento de mineral hacia planta y refuerzo del dique de colas.

Un cronograma en dos velocidades

Según establece la resolución, durante el primer año las actividades se concentrarán en tareas preparatorias y en el acceso al sector Bajo El Durazno. Recién a partir del segundo año —proyectado para 2027— comenzará nuevamente el ingreso de mineral a la planta concentradora, con operación simultánea de ambos sectores hasta el cierre del ciclo en 2031. Esta hoja de ruta refleja la complejidad técnica de volver a poner en marcha una operación de esta escala después de años de inactividad.

Proceso participativo y evaluación interinstitucional

Uno de los aspectos más destacados del proceso fue la instancia de participación ciudadana implementada por el Ministerio de Minería, que incluyó consultas públicas, talleres técnicos, fiscalizaciones interinstitucionales y audiencias públicas en los departamentos Andalgalá y Belén. Participaron organismos técnicos provinciales vinculados a recursos hídricos, medio ambiente, arqueología y promoción social minera, además de comunidades originarias y actores locales.

La resolución sostiene que el proyecto se desarrolla en un ambiente "ampliamente caracterizado", con más de veinte años de monitoreos y controles ambientales, y que la reactivación propuesta no incorpora impactos significativamente distintos a los ya evaluados en declaraciones anteriores. Sin embargo, la aprobación quedó condicionada a un exigente pliego de obligaciones técnicas: auditorías ambientales mensuales, incorporación de tecnología de control en tiempo real, monitoreo participativo comunitario, reportes sobre calidad de aire, agua y biodiversidad, y presentación de balances hídricos e indicadores de huella hídrica y carbono. La resolución prevé expresamente que las actividades podrán ser suspendidas ante incumplimientos ambientales o desvíos respecto de los parámetros aprobados.

$5.500 millones para la comunidad

En paralelo a la habilitación ambiental, el gobernador Raúl Jalil encabezó la firma del acuerdo marco de compromiso de aporte para inversión comunitaria entre la Provincia, YMAD y Minera Alumbrera Limited. El acuerdo, suscripto el 5 de marzo pasado y ahora incorporado a la resolución 628/2026, establece aportes extraordinarios por un total de $5.500 millones con destino a obras y equipamiento en los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María.

De ese total, $5.000 millones se destinarán a la provisión de materiales y ejecución de obras para la construcción y mejora de avenidas de circunvalación en las tres ciudades. Los $500 millones restantes se canalizarán a través del fideicomiso minero provincial para la adquisición de dos tomógrafos destinados a los hospitales públicos de Andalgalá y Santa María, uno de los puntos de mayor impacto social del acuerdo. El esquema de pago establece que el 50% de los fondos deberá efectivizarse antes del reinicio de operaciones de la planta concentradora —previsto para 2027— y el porcentaje restante durante el primer año operativo.

Empleo local y proveedores catamarqueños

La resolución también incorpora obligaciones vinculadas al mercado de trabajo local. La empresa deberá priorizar la contratación de mano de obra y proveedores de los departamentos del área de influencia directa, canalizando las incorporaciones laborales obligatoriamente a través del Campus de Entrenamiento Laboral provincial.

Además, deberá presentar planes anuales de compras y contrataciones orientados a incrementar progresivamente la participación de proveedores catamarqueños en la cadena de valor minera. El acto administrativo suma lineamientos sobre perspectiva de género, capacitación, pasantías estudiantiles y fortalecimiento de economías regionales complementarias.

El conjunto de decisiones consolida el camino hacia la reactivación plena del yacimiento. El CEO de Glencore Argentina, empresa vinculada a la operación, había anticipado que el objetivo es colocar cobre argentino en el mercado internacional en 2028, un horizonte que estas resoluciones vuelven operativamente posible.