Soledad Pérez Duhalde* 

El RIMI debe leerse en su verdadera dimensión: no es una política integral para resolver los problemas estructurales de las pymes argentinas, sino una herramienta más bien financiera orientada a mejorar la ecuación económica de determinados proyectos de inversión.

Desde esa lógica, el régimen tiene sentido. Su objetivo no es resolver la falta de crédito, la baja competitividad, los problemas de escala o las restricciones estructurales del entramado pyme. Lo que busca es aliviar parcialmente el flujo financiero de inversiones elegibles, principalmente a través de la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada.

La discusión relevante, entonces, no pasa por pedirle al RIMI que resuelva problemas que exceden su diseño, sino por analizar si está correctamente calibrado para maximizar su impacto como incentivo a la inversión.

Y ahí aparece probablemente su principal limitación: el cruce entre los niveles mínimos de inversión exigidos y los topes de facturación para calificar como pyme.

Los montos mínimos de inversión, por sí solos, no parecen ser el principal problema. En muchos sectores productivos son relativamente razonables para proyectos industriales, agroindustriales o de servicios vinculados a cadenas dinámicas. El desafío aparece cuando esos niveles de inversión se combinan con límites de facturación relativamente bajos.

Eso genera una tensión concreta. Por un lado, empresas medianas que podrían acompañar procesos de desarrollo productivo, integrarse como proveedoras de sectores dinámicos o ejecutar inversiones relevantes quedan afuera por superar el umbral de ventas permitido para ingresar al régimen. Y eso ocurre incluso en compañías que enfrentan restricciones financieras reales o necesitan invertir para reconvertirse y ganar competitividad.

Por otro lado, muchas empresas que sí califican formalmente como pyme pueden no tener capacidad financiera para alcanzar los niveles de inversión requeridos, o para adelantar los fondos necesarios antes de capturar los beneficios fiscales del régimen.

En otras palabras, tal vez su impacto va a estar limitado por esta calibración entre tamaño de empresa e intensidad de inversión: algunas compañías con escala operativa para acompañar sectores estratégicos quedan excluidas por superar los parámetros pyme; por otro lado, parte del universo que sí califica puede no tener acceso al financiamiento necesario para ejecutar inversiones de esa magnitud. Esta tensión se vuelve más visible frente al RIGI: entre el régimen pyme y el régimen para grandes inversiones queda poco espacio para empresas medianas con proyectos relevantes, pero no transformacionales.

Por eso, el régimen probablemente funcione mejor en un universo relativamente específico: pymes ordenadas, con cierto capital propio para financiarse, proyectos concretos de inversión y vinculadas a sectores con demanda creciente. En esos casos, el alivio financiero puede ayudar a acelerar decisiones de inversión o mejorar la rentabilidad de proyectos que ya estaban en evaluación.

Por lo mencionado anteriormente, el RIMI como instrumento financiero puntual, es muy útil. Pero su impacto probablemente sea más selectivo que masivo.

*Directora de Inteligencia de Mercado y Negocios de ABECEB