Bolivia atraviesa su peor crisis social en años. Miles de mineros artesanales tomaron las calles de La Paz, chocaron con la policía a metros del centro del poder y exigieron lo impensable hace apenas seis meses: la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien llegó al gobierno en noviembre prometiendo estabilidad.

Los manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, mientras las fuerzas de seguridad respondían con gases lacrimógenos. En medio de los choques, se registraron explosiones de dinamita en varias calles de la capital. 

Las detonaciones se escucharon en distintos puntos del casco histórico paceño, con escenas de tensión y corridas mientras columnas de manifestantes intentaban romper el cordón policial que protegía el acceso a la plaza donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Congreso. 

El cuadro es el de una capital sitiada. Pese al posterior anuncio de acuerdo con el sector minero, el viernes se reportaron al menos 26 puntos de bloqueo en carreteras, la mayoría en accesos a La Paz, que impiden el abastecimiento regular de alimentos. Los precios de algunos productos se han disparado en los mercados.

Los reclamos del sector: combustible, territorio y explosivos

La protesta minera no surgió de la nada. La movilización reunió a miles de trabajadores que llegaron a La Paz para reclamar mayores áreas de explotación, acceso a combustible y cambios en las regulaciones de su sector. Con el correr de las horas, los reclamos sectoriales se mezclaron con la temperatura política y derivaron en pedidos de renuncia presidencial.

Los manifestantes presionaron por el abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, entre otros. Son demandas concretas, de supervivencia laboral, que el gobierno no logró resolver en los primeros meses de gestión.

El trasfondo: la peor crisis económica en 40 años

Detrás de los cascos y las hondas hay una realidad económica que explica la magnitud de la protesta. Bolivia pasa por su peor crisis económica en 40 años debido a una aguda escasez de dólares. La inflación interanual fue de 14% en abril.

El país enfrenta escasez de dólares, dificultades para importar combustible y problemas de abastecimiento que impactan sobre distintos sectores productivos y sobre la población.

Las movilizaciones también incluyen bloqueos de rutas impulsados por campesinos, organizaciones indígenas y sindicatos. Los cortes comenzaron a provocar demoras en el transporte de alimentos, medicamentos y oxígeno para hospitales.

Un acuerdo tardío, una crisis que no para

El gobierno llegó a un acuerdo con los mineros tras una negociación que se prolongó por horas hasta la madrugada del viernes. "Hemos tenido una larguísima reunión, casi 12 horas conversando", dijo el ministro de Economía José Gabriel Espinoza. "Hemos logrado varios acuerdos", agregó sin dar detalles.

Pero el acuerdo con los mineros no desactivó el resto de la ola. A las demandas rurales se sumaron pedidos de aumentos salariales, cuestionamientos a la inflación y reclamos por la falta de combustible. La Central Obrera Boliviana también incrementó sus críticas contra el Ejecutivo. En paralelo, campesinos aymaras conocidos como los "Ponchos Rojos" mantienen bloqueos en distintos caminos y encabezaron marchas hacia El Alto, ciudad vecina de La Paz.

La sombra de Evo y el ruido político

El Gobierno atribuyó parte de las protestas al ex presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que "este es un bloqueo político... con fines de desestabilización".

Morales rechazó esas acusaciones y respaldó públicamente las movilizaciones, sosteniendo que mientras no se aborden las reivindicaciones estructurales como las relativas al combustible, la comida y la inflación, la revuelta no se detendrá.

La crisis política también tiene otra dimensión judicial: seguidores de Morales iniciaron una marcha hacia La Paz tras conocerse una nueva orden judicial para que el ex presidente comparezca ante la justicia por un caso de presunto abuso de una menor durante su mandato.

La mirada regional

La gravedad del momento no pasó desapercibida en el vecindario. En una declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras expresaron su preocupación por la situación, rechazaron "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático" y exhortaron a todos los actores a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo.

El gobierno anunció además que Argentina proveerá dos aviones para reforzar el "puente aéreo" desplegado para sortear los bloqueos y llevar alimentos a La Paz.

Bolivia enfrenta así un nudo político y social que el gobierno de Rodrigo Paz, con apenas seis meses en el poder, todavía no logra desatar. El acuerdo con los mineros fue el primer paso. Lo que sigue está por verse.