En el marco del congreso internacional proEXPLO 2026, el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo de Vinatea, expresó su profunda preocupación ante la propuesta legislativa que busca reducir el periodo de las concesiones mineras de 30 a 15 años.

Según el ejecutivo, esta medida —calificada como "demagógica"— no solo carece de sustento técnico, sino que representa un retroceso en la competitividad del país y un incentivo indirecto para la expansión de la minería ilegal en el territorio nacional.

Contradicción con los ciclos mineros globales

De Vinatea explicó que la tendencia mundial muestra que los proyectos mineros son cada vez más complejos y requieren periodos más largos para concretarse. "El promedio global para desarrollar una mina desde la exploración hasta la operación alcanza actualmente los 28 años, mientras que en el Perú el proceso puede extenderse hasta los 40 años debido a la carga administrativa y los altos estándares ambientales", detalló.

En este contexto, el IIMP considera contradictorio acortar los plazos de concesión cuando los yacimientos de clase mundial se encuentran ahora a mayores profundidades y son más difíciles de identificar. Según De Vinatea, reducir el horizonte de inversión solo genera incertidumbre para las empresas formales, que necesitan estabilidad jurídica para amortizar las millonarias inversiones que requiere la exploración profunda.

Fuga de capitales y avance de la ilegalidad

Un punto crítico resaltado por el representante del IIMP es el riesgo de que las inversiones se desvíen hacia países competidores de la región. "Argentina está captando una gran cantidad de capitales y proyectos que antes venían al Perú y que hoy quedan en stand-by por la falta de reglas claras", advirtió.

Asimismo, alertó que los espacios que deje la minería formal por falta de incentivos serán rápidamente ocupados por actores ilegales. De Vinatea subrayó que "la minería ilegal se combate con minería formal" y que el 70% de las invasiones actuales afectan a pequeños mineros y artesanos. En conclusión, el llamado del sector es a basar el debate en evidencia técnica y fortalecer una política minera de Estado que permita al Perú aprovechar la alta demanda global de cobre para cerrar sus brechas sociales y económicas.