La explosión de inversiones bajo el RIGI generará una demanda de bienes y servicios sin precedentes. El 80% de los proveedores actuales son nacionales, pero el salto de escala que viene exigirá certificaciones internacionales, mayor capacidad industrial y una coordinación federal que el país todavía no tiene.

Cuando Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), dice que un proyecto minero en construcción moviliza unas 800 empresas proveedoras, el dato suena impresionante. Pero es el presente, no el futuro. Lo que viene —con más de 30.000 millones de dólares en inversiones aprobadas bajo el RIGI, concentradas sobre todo en los megaproyectos de cobre de San Juan— plantea un desafío de escala radicalmente distinto: ¿tiene Argentina la industria proveedora para abastecer ese boom, o terminará importando lo que no pueda producir?

La respuesta honesta, por ahora, es que nadie lo sabe con certeza. Pero el sector está corriendo para averiguarlo y, sobre todo, para moldear el resultado.

La fotografía actual: ¿quién le vende a la minería?

Un relevamiento elaborado por la CAEM a partir de encuestas a sus principales empresas asociadas traza un mapa detallado de la cadena de valor actual. La industria manufacturera encabeza las compras del sector con entre el 20% y el 24% del total. Le sigue la construcción (17%), el comercio (11-15%), los servicios profesionales y empresariales (10%), petróleo y gas (8-8,7%), transporte y logística (7-8%), servicios específicos para la minería (4%) y hotelería y gastronomía (3%). El resto se distribuye entre una decena de rubros adicionales.

Uno de los datos más relevantes de ese relevamiento es la altísima participación de proveedores locales: el 80% de las empresas que abastecen al sector son de origen nacional. La explicación es principalmente económica: en todas las etapas de un proyecto, y especialmente en la operación, la cercanía geográfica de los proveedores nacionales suele traducirse en menores costos logísticos y tiempos de respuesta más cortos, lo que los hace más competitivos que los importados en una amplia gama de productos y servicios.

Sin embargo, ese 80% tiene un asterisco importante: aplica para la minería actual, de escala moderada comparada con lo que viene. Los proyectos que se vienen, encabezados por Pachón (Glencore) y el holding Vicuña (Filo del Sol y Josemaría, de Lundin Mining y BHP), operarán a una escala que en Argentina no tiene antecedentes en la historia minera reciente. La demanda de insumos, equipos, servicios de ingeniería, logística y construcción que generarán esos desarrollos no tiene parangón local.

El salto de escala: qué demandará la minería del cobre

Los proyectos de cobre que están en cartera son, por lejos, los de mayor envergadura. Concentran la mayor parte de los 30.000 millones de dólares de inversión comprometida bajo el RIGI y, cuando entren en operación, demandarán volúmenes de bienes y servicios que exceden con creces la capacidad instalada actual de los proveedores argentinos en varios rubros clave.

Según anticipó la CAEM en presentaciones previas, la demanda inédita incluirá productos y servicios que varían según la etapa del proyecto. En construcción, los rubros más intensivos son la ingeniería civil y la infraestructura (caminos, plantas de procesamiento, campamentos), el transporte de maquinaria pesada, los explosivos, los servicios ambientales y la provisión de energía. En operación, el foco se desplaza hacia el mantenimiento de equipos, los insumos químicos, la logística continua, los servicios de salud y seguridad, y la tecnología de proceso.

Para dar una dimensión comparativa: un proyecto de cobre de gran escala como Los Azules o Pachón, en su fase de construcción, podría demandar una fuerza laboral de entre 5.000 y 10.000 personas en el pico de actividad. Cada uno de esos trabajadores necesita alojamiento, alimentación, transporte, equipamiento de seguridad y docenas de otros servicios. Y detrás de ellos hay cadenas industriales que se activan en toda la región.

El modelo San Juan: 60% local como meta

San Juan es hoy la provincia que más avanzó en la construcción de un marco normativo para aprovechar ese derrame. El gobernador Marcelo Orrego impulsó la nueva Ley de Desarrollo Local Minero, que establece como objetivo que el 60% de la cadena de valor de los proyectos sea cubierta por proveedores locales, con el 80% de la mano de obra correspondiendo a residentes sanjuaninos. Si bien el tratamiento legislativo se postergó para 2026, el consenso entre las cámaras de proveedores de la provincia es amplio: la minería en San Juan tiene que ser con los sanjuaninos.

Cacciola reconoció que esta lógica de prioridad local es correcta en su espíritu, pero advirtió sobre sus límites: "Las leyes provinciales de contenido local van a tener que ser superadas por la prioridad local real" dijo durante el encuentro con la prensa, señalando que el riesgo es que empresas se amparen en regulaciones sin tener verdadera capacidad de provisión. "No puede suceder que venga de afuera cualquier cosa, pero tampoco podemos cerrar la puerta si no hay quien lo haga localmente", sintetizó.

La brecha de certificaciones: el obstáculo silencioso

Uno de los problemas menos visibles pero más concretos que enfrenta la cadena de proveedores argentina es la brecha de certificaciones. La minería de gran escala opera bajo estándares internacionales de calidad, seguridad y sustentabilidad que muchas pymes industriales argentinas aún no cumplen. Eso no significa que no puedan cumplirlos, pero sí implica un proceso de adecuación que requiere tiempo e inversión.

La CAEM publicó un documento de posicionamiento sobre políticas de desarrollo de proveedores en octubre de 2024, y uno de sus ejes centrales es precisamente este: para que una empresa pueda sumarse a la cadena, debe observar los estándares internacionales de calidad, las certificaciones locales y externas, los requerimientos específicos de cada compañía y las normativas de compra local. 'La industria minera es sumamente exigente respecto a parámetros de competitividad, calidad y eficiencia', señaló en ese contexto Nadav Rajzman, jefe de Economía de la CAEM.

El modelo australiano es frecuentemente citado como referencia: allí existe un sector de proveedores de Equipos, Tecnología y Servicios para Minería (METS por sus siglas en inglés) que agrupa a más de 600 empresas, muchas de las cuales tienen a la industria minera como su principal cliente y desarrollan soluciones colaborativas de alto valor agregado. Argentina está lejos de eso, pero el mapa de oportunidades existe.

La mesa federal: el instrumento que falta

Para que la cadena de proveedores crezca de forma ordenada y federal, la CAEM impulsa la creación de una mesa permanente de articulación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el sector privado. El objetivo es identificar las brechas de capacidad existentes, orientar inversiones para cerrarlas y evitar que cada provincia desarrolle su propia política de compra local en forma descoordinada —lo que genera barreras para alcanzar economías de escala e inhibe a las empresas de invertir en capacidad interprovincial.

"Los gobernadores con el gobierno nacional tienen que articular esa mesa de modo tal de ponerse a trabajar", dijo Cacciola. El encuentro previsto para el 7 de mayo en San Juan —con la presencia de al menos ocho gobernadores, tanto de provincias mineras como de otras con capacidad industrial— es la primera prueba concreta de esa voluntad de coordinación. La idea es involucrar a provincias como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires, que tienen parques industriales con potencial para abastecer a la minería, aunque no tengan un gramo de mineral en su subsuelo.

"Llegó el momento de ponerse a trabajar muy duro" resumió el titular de la CAEM. Para los proveedores argentinos que quieran subirse a ese tren, la ventana de oportunidad es real, pero tiene fecha de vencimiento: los proyectos de cobre no van a esperar eternamente a que la industria local se certifique. Si no hay oferta local competitiva, la demanda se cubrirá con importaciones.

CLAVES PARA PROVEEDORES

+ Certificaciones internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 son las más requeridas por las grandes mineras para homologar proveedores.

+ Foco en construcción primero: la demanda más inmediata y masiva llegará en la fase de obras civiles e infraestructura de los proyectos de cobre (2026-2029).

+ Logística y transporte: uno de los cuellos de botella identificados por la CAEM, con alta demanda y escasa oferta local especializada en accesos de alta montaña.

+ Servicios profesionales: ingeniería ambiental, geotecnia, hidrogeología y gestión de comunidades son rubros con fuerte demanda y menor dependencia de escala.

+ Proveedores de energía: los proyectos de cobre son intensivos en consumo energético; la provisión de soluciones renovables para operaciones remotas es una oportunidad concreta.