Marie Gay Alessandra Ordenes e Isabelle Ramdoo

Ante la escalada en la demanda de minerales críticos para la transición energética y digital, los gobiernos están recurriendo a un nuevo paradigma: los acuerdos de gobierno a gobierno (G2G). Desde enero de 2025, potencias como Estados Unidos han firmado más de 20 marcos bilaterales y memorándums de entendimiento (MOU) para garantizar el acceso a materias primas estratégicas en diversas regiones del mundo.

El auge de la diplomacia de recursos

Estos pactos, como los recientes acuerdos entre EE. UU. y Ucrania o la República Democrática del Congo, reflejan una tendencia donde la seguridad nacional y el suministro minero se entrelazan. Sin embargo, esta "vía rápida" para asegurar recursos a menudo queda fuera del dominio público, limitando la visibilidad de los términos contractuales y la participación de la sociedad civil.

Riesgos de la celeridad operativa

Uno de los principales desafíos identificados por EITI e IGF es la priorización de la velocidad sobre el escrutinio. La negociación acelerada de estos acuerdos puede debilitar los procesos de permisos y las consultas comunitarias, elevando los riesgos sociales y ambientales. Además, la creación de nuevos organismos de supervisión ad-hoc para estos proyectos corre el riesgo de fragmentar la gobernanza minera existente.

Hacia una transparencia integral

La complejidad de los flujos financieros en acuerdos que involucran infraestructura por recursos o préstamos garantizados exige una transparencia total. El estándar EITI surge como una herramienta vital para mapear estos nuevos arreglos legales y fiscales, asegurando que los beneficios económicos no se diluyan en estructuras opacas o incentivos fiscales desmedidos que limiten el espacio de política nacional.