El Gobierno de Mendoza remitió a la Legislatura provincial el proyecto de ley para la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración minera de litio "Don Luis y Otro", ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

El objetivo del envío es que ambas cámaras analicen la DIA emitida por la Autoridad Ambiental Minera, conforme a lo establecido por la Ley 7722 y la normativa ambiental provincial vigente.

Un proceso de evaluación integral y multisectorial

La elaboración del documento implicó un proceso extenso de análisis técnico y participación institucional. Intervinieron organismos como la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA), la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, las municipalidades de San Rafael y Malargüe, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Eco Parque, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.

Asimismo, el proceso incluyó una visita técnica al área donde se planifica la exploración y dos audiencias públicas: la primera el 25 de noviembre de 2024 en San Rafael, y la segunda el 29 de noviembre de 2025 en Malargüe.

"Es producto de un trabajo extenso y sigue todos los pasos marcados por la Ley 7722 y las leyes ambientales", señaló la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Alcance del proyecto y superficie de estudio

El proyecto corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, con predominio de litio. El área de estudio comprende una superficie de 234.256,5 hectáreas distribuidas entre los departamentos de San Rafael y Malargüe.

Condiciones establecidas por la DIA

La Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la DGFA y la Dirección de Minería establece que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales para avanzar en la etapa de exploración, sujeto a la ratificación legislativa.

Entre las condiciones impuestas por la Autoridad Ambiental Minera se encuentran la actualización de la línea de base ambiental, la implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, la presentación de planes de contingencia, la obtención de permisos sectoriales y la constitución de seguros ambientales.

También se establecen obligaciones de gestión de residuos, protección de la biodiversidad, resguardo del recurso hídrico y elaboración de una línea de base social indígena.

El esquema de control prevé la presentación periódica de informes de avance, la posibilidad de inspecciones sin aviso previo, la aplicación de sanciones ante incumplimientos y la actualización ambiental del proyecto cada dos años.