La Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva al proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, en una sesión especial que culminó con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.
La norma, que ya contaba con media sanción del Senado, introduce cambios sustanciales en el esquema de protección vigente. Entre los puntos centrales, establece que sólo quedarán bajo resguardo aquellas formaciones que realicen “un aporte hídrico relevante y verificable a una cuenca”, al tiempo que otorga mayor protagonismo a las provincias en la elaboración del inventario glaciar.
El proyecto fue previamente analizado en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, y atravesó un proceso de audiencias públicas que incluyó la participación de organizaciones, especialistas y ciudadanos de todo el país.
Debate parlamentario: federalismo, ambiente y desarrollo
Durante el tratamiento en el recinto, el diputado José Peluc (LLA), miembro informante del oficialismo, destacó el carácter “histórico” del proceso participativo. “Tratan de desdibujar el concepto de la ley diciendo que no vamos a tener más glaciares ni a cuidarlos, lo cual demuestra que no han leído el proyecto y que tampoco entienden lo que es el sistema del agua”, sostuvo.
En la misma línea, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) remarcó que “la ley viene del Senado con una claridad meridiana” y que la modificación “busca aclarar conceptos, no altera el paradigma de la protección de los glaciares”. Además, aseguró que “el equilibrio se fortalece” y definió la iniciativa como una expresión de “federalismo de concertación”.
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. La diputada Sabrina Selva (UxP) calificó el debate como “deshonesto” y advirtió que la norma es “inconstitucional y regresiva”, con potencial para generar conflictos entre jurisdicciones.
Por su parte, María Inés Zigarán (Provincias Unidas) cuestionó el impacto sobre las autonomías provinciales: “Están dejando a las provincias solas con todo el costo que significa decidir sobre si un glaciar o un ambiente periglacial se van a preservar o no”.
En tanto, el diputado Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) sostuvo que la reforma responde a intereses del sector minero y alertó sobre riesgos para los recursos hídricos estratégicos.
Apoyos desde el sector productivo y los gobiernos provinciales
Desde el ámbito técnico, empresarial y provincial, la reforma recibió respaldo con argumentos centrados en la necesidad de actualizar la normativa y compatibilizar protección ambiental con desarrollo productivo.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, cuestionó las críticas al proyecto y apuntó contra lo que definió como “campañas del miedo”. En ese sentido, remarcó la necesidad de basar el debate en evidencia técnica y puso el foco en el rol de las provincias en la gestión de los recursos hídricos.
En línea con esa visión, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, defendió la reforma al señalar que “no se trata de elegir entre ambiente o producción”, sino de avanzar en un esquema de desarrollo que contemple las particularidades de cada territorio. También enfatizó la importancia de un federalismo que reconozca las competencias provinciales.
Desde Mendoza, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, sostuvo que la ley “necesita actualización para ser efectiva” y subrayó que el objeto de protección continúa siendo el mismo: los glaciares y el ambiente periglacial. En ese sentido, destacó la necesidad de mejorar herramientas como el inventario glaciar y los procesos de evaluación ambiental.
En representación de la industria, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, planteó que “no es ambiente o desarrollo, es avanzar en ambos”, y respaldó una adecuación normativa que brinde mayor previsibilidad para las inversiones.
A su vez, el hidrogeólogo Carlos Scattiza llamó a “superar la grieta entre ambiente y producción” y sostuvo que es necesario armonizar la legislación vigente para evitar superposiciones y mejorar la gestión del agua como recurso estratégico.
Un nuevo escenario regulatorio
Con la sanción definitiva, la reforma de la Ley de Glaciares abre una nueva etapa en la regulación ambiental vinculada a zonas cordilleranas. El eje del cambio radica en la redefinición de qué formaciones deben ser protegidas y en el fortalecimiento del rol de las provincias en la gestión y evaluación de estos recursos.
El debate, sin embargo, deja planteado un escenario de tensión entre visiones contrapuestas: mientras el oficialismo y sectores productivos destacan la necesidad de precisión técnica y federalismo, la oposición advierte sobre posibles retrocesos en materia ambiental.
En este contexto, la implementación de la norma y su impacto real sobre el equilibrio entre desarrollo y preservación quedarán en el centro de la agenda en los próximos meses.
