En el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que otorgó dictamen al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, la ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, Jimena Latorre, presentó una exposición integral en la que defendió la iniciativa, detalló sus ejes técnicos y planteó la necesidad de actualizar la normativa tras más de 15 años de vigencia.

La funcionaria estructuró su intervención en tres pilares: la reafirmación del objeto de protección, la corrección de déficits en la aplicación de la ley y el fortalecimiento de un esquema federal con mayor participación de las provincias y respaldo científico.

El objeto de protección “no cambia”

Uno de los puntos centrales de su exposición fue despejar cuestionamientos sobre una supuesta flexibilización de la norma. En ese sentido, Latorre fue categórica: el proyecto mantiene intacto el objeto de la ley.

“El objeto protegido son los glaciares y el ambiente periglacial, con el fin de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas”, explicó.

Además, recordó que esos recursos cumplen múltiples funciones: abastecimiento para consumo humano, agricultura, protección de la biodiversidad, investigación científica y atractivo turístico.

La reforma, en este punto, incorpora un segundo párrafo al artículo 1 para precisar su interpretación en línea con la Constitución Nacional, particularmente con los artículos 41 y 124, que establecen el equilibrio entre protección ambiental y uso racional de los recursos.

“Corregir falencias” tras 16 años de vigencia

Latorre sostuvo que la actualización responde a problemas estructurales que persisten desde la sanción de la ley. “Después de 16 años, los cuestionamientos siguen siendo los mismos: federalismo, seguridad jurídica e indeterminación técnica”, señaló.

Aclaró que esto no implica desmerecer el trabajo del IANIGLA, al que calificó como “excelente”, pero planteó que el esquema actual presenta déficits en su implementación.

Según explicó, la ley asigna roles a tres actores: la Nación como autoridad de aplicación, las provincias como autoridades competentes y el IANIGLA como autoridad científica. Sin embargo, en la práctica, advirtió un “déficit de organización” y una concentración excesiva de responsabilidades en el organismo técnico.

Federalismo y competencias provinciales

En línea con otros expositores, la ministra defendió el rol de las provincias en la gestión ambiental y cuestionó las críticas a sus capacidades técnicas.

“Decir que las provincias no tienen competencia o capacidad para gestionar sus recursos es una falta de honestidad intelectual”, afirmó.

Latorre remarcó que el artículo 41 de la Constitución establece que la Nación fija presupuestos mínimos, mientras que las provincias deben complementarlos sin que se vulneren sus jurisdicciones. En ese sentido, citó jurisprudencia de la Corte Suprema para sostener que la “concertación federal” es responsabilidad de las autoridades políticas, no exclusivamente de organismos técnicos.

Inventario, ciencia y validación del método

Otro eje clave fue el funcionamiento del inventario de glaciares. Latorre explicó que el proyecto ratifica que el registro debe enfocarse en aquellas geoformas que cumplan funciones hídricas relevantes.

La reforma incorpora además un principio central: toda geoforma inventariada será considerada reserva estratégica “hasta que se pruebe lo contrario”, mediante evidencia científica.

En este punto, la ministra hizo hincapié en la importancia del método científico y su validación. Señaló que el inventario actual —desarrollado en fases— logró identificar cerca de 17.000 glaciares, pero que el avance en etapas más profundas ha sido limitado.

“Tenemos que poder validar, corregir o confirmar el método. No podemos dejar de tomar decisiones por falta de información”, sostuvo.

Evaluaciones ambientales y actividades permitidas

Latorre explicó que el proyecto clarifica el alcance de las actividades prohibidas, manteniendo restricciones sobre aquellas que afecten las funciones hídricas protegidas.

Asimismo, destacó el rol de las evaluaciones de impacto ambiental, que seguirán siendo obligatorias y deberán incluir instancias de participación ciudadana, en línea con la Ley General del Ambiente.

En este esquema, las autoridades provinciales tendrán un rol central en el análisis y aprobación de los proyectos, lo que —según sostuvo— constituye “federalismo en acción”.

Caso testigo: Malargüe y el trabajo articulado

Para ejemplificar la aplicación práctica de este enfoque, la ministra presentó el caso del Distrito Minero Malargüe Occidental, en Mendoza.

Allí, explicó, se implementó un esquema de trabajo conjunto entre sector público, privado y científico. Los proyectos fueron evaluados con base en el inventario de glaciares y estudios académicos, y aquellos que presentaban superposición con cuerpos glaciares fueron directamente descartados.

En otros casos, donde existían dudas sobre la presencia de ambiente periglacial —por ejemplo, a partir de criterios de altitud—, se optó por generar información adicional mediante estudios específicos.

“Definimos una guía de referencia con todos los aspectos a relevar, que serán auditados por organismos científicos, autoridades provinciales y la ciudadanía”, detalló.

Este esquema fue incorporado a las declaraciones de impacto ambiental y ratificado por ley provincial, estableciendo revisiones periódicas cada dos años.

Producción, ambiente y toma de decisiones

Latorre también cuestionó lo que consideró una falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección ambiental.

“No es minería o agua, no es ambiente o producción. El mandato constitucional es armonizar esos intereses”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que la falta de exploración minera en Argentina ha limitado la capacidad de certificar reservas y acceder a financiamiento, afectando el desarrollo del sector.

Seguridad jurídica y calidad legislativa

En el tramo final de su exposición, la ministra puso el foco en la necesidad de mejorar la técnica legislativa para garantizar la efectividad de la norma.

“Cuando una ley cae en letra muerta, deja de cumplir su función. Es responsabilidad del Congreso revisarla y darle operatividad”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que la reforma busca aportar previsibilidad tanto para la protección ambiental como para las inversiones, en un marco de reglas claras y articulación institucional.

La intervención de Latorre se dio en una jornada clave que culminó con la firma del dictamen que habilitó el tratamiento del proyecto en el recinto, donde el oficialismo confía en avanzar con su aprobación.