La Cámara de Diputados se prepara para debatir este miércoles la modificación de la Ley de Glaciares, en una sesión clave en la que el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley, tras haber obtenido dictamen favorable en comisiones el día anterior.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, logró avanzar este martes luego de que un plenario de comisiones emitiera dictamen de mayoría con 37 firmas sobre un total de 66, habilitando así su tratamiento en el recinto.

El respaldo se construyó con el apoyo de legisladores de La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques aliados, mientras que sectores de la oposición presentaron despachos alternativos y anticiparon su rechazo.

La sesión fue convocada para este miércoles desde las 15 horas, y según estimaciones parlamentarias, el oficialismo contaría con alrededor de 140 votos, número suficiente para aprobar la reforma y sancionarla de manera definitiva.

Durante el debate en comisión, representantes de provincias mineras defendieron el proyecto al sostener que la actual normativa presenta ambigüedades que generan inseguridad jurídica y limitan el desarrollo de inversiones. Funcionarios de distritos como San Juan, Jujuy, Catamarca, Salta y Mendoza expusieron a favor de la modificación, remarcando la posibilidad de compatibilizar actividad productiva y cuidado ambiental.

El proyecto propone redefinir el alcance de las áreas protegidas, limitando la tutela ambiental a aquellos glaciares y zonas periglaciares que acrediten una función hídrica relevante, y otorgando mayor protagonismo a las provincias en la determinación de los territorios alcanzados por la ley.

La norma original —sancionada en 2010— establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua y prohíbe actividades como la minería en esas áreas. La reforma, en cambio, introduce cambios en los criterios de protección y en el esquema de competencias, lo que ha generado un fuerte debate político y técnico en torno a su alcance.

Con este escenario, la votación prevista para hoy se perfila como un punto de inflexión en la política ambiental y minera del país, en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar en un marco regulatorio que promueva inversiones, particularmente en sectores vinculados a minerales críticos.

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