La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de revocar la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de u$s16.100 millones por la expropiación de YPF marcó un punto de inflexión en uno de los juicios más relevantes para el país en el plano internacional. El fallo no solo alivió el frente financiero inmediato, sino que reconfiguró el escenario judicial, dando inicio a una nueva fase con definiciones que podrían extenderse en el tiempo.

La resolución deja sin efecto la condena en primera instancia y devuelve el caso a una instancia de revisión que abre múltiples caminos legales, tanto en Estados Unidos como en tribunales internacionales.

Próximos pasos: un proceso aún abierto

Según explicó el analista Sebastián Maril, el litigio entra ahora en una etapa compleja con tres posibles vías:

+ Revisión “en banc”: las partes podrían solicitar que todos los jueces de la Cámara revisen el fallo. Se trata de un recurso poco frecuente, aunque la decisión dividida (2-1) podría habilitar esta instancia excepcional. El pedido debería presentarse en un plazo de 14 días, con una respuesta estimada entre 20 y 45 días.

+ Corte Suprema de EE.UU.: si no prospera la instancia anterior, se puede recurrir al máximo tribunal mediante un pedido de revisión (certiorari). Si se presenta antes del receso de julio, la respuesta podría llegar en diciembre. En caso de que la Corte acepte el caso, el proceso podría extenderse hasta 2027.

+ Vía internacional (CIADI): en paralelo, los demandantes podrían avanzar en el tribunal arbitral del CIADI, sin necesidad de agotar las instancias en Estados Unidos. Esta alternativa podría acelerarse en los próximos meses.

Impacto económico y político

El fallo fue celebrado por el Gobierno nacional. El presidente Javier Milei destacó que la resolución evitó un pago potencial cercano a los u$s18.000 millones, al que calificó como “una espada de Damocles” sobre la economía argentina.

“El fallo era virtualmente imposible”, afirmó el mandatario, quien atribuyó el resultado a la estrategia jurídica, política y diplomática de su administración. Además, remarcó que un resultado adverso habría tenido consecuencias “devastadoras”, tanto para las cuentas públicas como para la propia compañía.

En esa línea, el CEO de YPF, Horacio Marín, subrayó la magnitud del riesgo que enfrentaba la empresa: “Si perdíamos, YPF dejaba de existir, porque no somos el Estado”. Para el ejecutivo, la decisión judicial representa un punto de inflexión no solo para la firma sino para el país, al tiempo que volvió a cuestionar el proceso de expropiación de 2012 por considerarlo una “violación al derecho de propiedad”.

Respaldo del sector empresarial

Desde el ámbito privado, la AmCham Argentina celebró el fallo y destacó su impacto en el clima de negocios. En un comunicado, la entidad sostuvo que la decisión “refuerza principios fundamentales como el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la previsibilidad”.

AmCham, que participó en el caso como amicus curiae, advirtió que fallos que generan incertidumbre sobre la aplicación de normas pueden desalentar la inversión y afectar el comercio bilateral. En contraste, consideró que esta resolución contribuye a consolidar un entorno más estable para sectores estratégicos como la energía.

Un litigio de largo alcance

El caso YPF tiene su origen en la expropiación del 51% de la compañía en 2012, una decisión que derivó en demandas internacionales y en un extenso proceso judicial en Estados Unidos. Si bien el reciente fallo representa un alivio significativo, el conflicto está lejos de cerrarse.

Con instancias aún abiertas y posibles derivaciones en tribunales internacionales, el desenlace definitivo dependerá de decisiones judiciales que podrían demorar meses o incluso años. Mientras tanto, el fallo reciente ya impacta en las expectativas económicas y en la percepción de riesgo país, en un contexto donde la seguridad jurídica sigue siendo un factor clave para atraer inversiones.