La Cámara de Diputados de la Nación Argentina abrirá el debate parlamentario sobre el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, luego avalar en comisiones la realización de audiencias públicas con participación ciudadana, especialistas y organizaciones interesadas.

En una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, los diputados definieron la hoja de ruta para avanzar con el tratamiento del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, iniciativa que ya fue aprobada con media sanción en el Senado de la Nación el pasado 26 de febrero.

La decisión de convocar a audiencias públicas persigue garantizar la participación ciudadana y un debate federal antes de que el texto pueda llegar a dictamen, en sintonía con el artículo 7 del Acuerdo de Escazú y con la exigencia de representantes de distintos bloques que hicieron foco en la importancia de escuchar a las provincias y actores afectados por la normativa.

Audiencias públicas con modalidad mixta

Según lo acordado, las audiencias se realizarán los días 25 y 26 de marzo, con dos formatos: la primera jornada será presencial en la Sala A del Anexo C de la Cámara baja, y la segunda se desarrollará en modalidad remota, con el objetivo de facilitar la participación desde distintos puntos del país y asegurar el carácter federal del debate.

La idea es que especialistas, organizaciones sociales, representantes de comunidades y entidades interesadas puedan exponer sus visiones y argumentos antes de que la reforma sea discutida más profundamente en comisión y eventualmente llegue al recinto para su sanción final.

Contenido de la reforma y tensiones políticas

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca redefinir el alcance de las zonas protegidas por la Ley de Glaciares, permitiendo en ciertos casos la realización de actividades productivas —como la exploración o explotación minera y otros usos— en áreas periglaciares que actualmente se encuentran bajo fuertes restricciones, siempre que la ciencia determine que carecen de relevancia hídrica.

La iniciativa generó controversias tanto dentro del oficialismo como entre partidos opositores y organizaciones ambientalistas, que advirtieron sobre posibles retrocesos en la protección ambiental. Por ello, sectores de la oposición y entidades ambientales reclamaron un espacio de debate amplio, participativo y transparente antes de avanzar con la reforma.

Próximos pasos en el Congreso

Con las audiencias públicas como paso previo, el debate en comisión se extenderá y el dictamen podría concretarse tras esa instancia de participación. Aunque el oficialismo originalmente esperaba avanzar rápidamente hacia el recinto, la convocatoria a audiencias abrió una etapa más deliberativa y participativa en la Cámara baja.

El resultado de este proceso definirá si la ley reformada —con cambios que amplían o restringen el alcance de las áreas protegidas según los criterios técnicos— logra el consenso necesario para ser debatida en sesión plenaria y, eventualmente, sancionada.