En una movida inusual con posibles implicancias diplomáticas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en apoyo de la República Argentina frente al pedido de declarar al país en desacato y aplicar sanciones económicas en el marco del litigio por la expropiación de YPF.
El documento, de 29 páginas, fue entregado ante la jueza Loretta Preska, quien preside el tribunal donde se sigue el caso iniciado por los beneficiarios de una condena contra Argentina por la estatización de la petrolera en 2012.
En su presentación, el Departamento de Justicia advirtió que aceptar el pedido de sanciones de los demandantes —que buscan que se declare a Argentina en desacato por supuesta falta de colaboración procesal— podría tener “importantes implicancias en materia de política exterior” y afectar la reciprocidad judicial entre ambos países. Según el escrito, fallar en favor de sancionar al país en estas condiciones podría deteriorar el trato que Estados Unidos recibiría en tribunales extranjeros en casos en los que esté involucrado el propio gobierno norteamericano.
El argumento central es que los procedimientos legales contra Estados soberanos deben tener en cuenta criterios de cortesía internacional y reciprocidad, y que aplicar sanciones por desacato —como sugieren los demandantes— no se ajusta a esos principios ni a la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA, ley que regula la inmunidad de Estados extranjeros en tribunales estadounidenses).
El caso tiene su origen en la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control de la petrolera. En 2023, una sentencia en primera instancia en ese mismo tribunal condenó a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por no haber ofrecido una oferta pública de adquisición a ciertos accionistas minoritarios, y esa cifra ha crecido con intereses hasta cerca de USD 18.000 millones.
Los beneficiarios de ese fallo —entre ellos la firma financiera Burford Capital, que adquirió los derechos a litigar de algunos exaccionistas— no sólo reclaman el pago de la condena, sino que han impulsado diversas acciones judiciales, incluido un pedido para que el país sea declarado en desacato por supuesta falta de colaboración con las demandas de información.
Respuesta de Argentina y repercusiones
Desde la Procuración del Tesoro argentino se celebró el respaldo del Gobierno estadounidense, señalando que la presentación del Departamento de Justicia pone en evidencia “la solidez técnica y jurídica” de la defensa nacional, basada en principios consagrados del derecho internacional y en el respeto a las normas que regulan la relación entre Estados soberanos y tribunales extranjeros.
La Argentina ha venido argumentando que ha actuado dentro de los márgenes legales posibles, aportando pruebas y comunicaciones solicitadas, aunque también ha cuestionado algunos requerimientos procesales por considerarlos incompatibles con la inmunidad soberana.
La jueza Preska recientemente rechazó la suspensión de ciertos procedimientos de discovery —el proceso para obtener pruebas de parte contraria— lo que mantiene viva la controversia sobre la entrega de documentos y dicta el ritmo de esta compleja disputa judicial.
El apoyo formal de Estados Unidos, aunque no vincula directamente al tribunal a fallar a favor de Argentina, constituye un respaldo político y jurídico significativo en un litigio que ha trascendido la esfera estrictamente legal para convertirse en un foco de debate sobre soberanía, inversión extranjera y la forma en que se manejan los juicios contra Estados en jurisdicciones foráneas.
Analistas señalan que este tipo de intervenciones pueden influir en cómo se posicionan los jueces frente a solicitudes de sanciones severas en casos que implican a países soberanos, aunque el desenlace final del juicio principal y de las apelaciones pendientes aún está por definirse.
