La Cámara de Senadores abre hoy el debate por la adecuación de la Ley 26.639, en una sesión que promete reavivar una de las discusiones más sensibles de la agenda ambiental y productiva del país: cómo proteger las reservas estratégicas de agua sin afectar el desarrollo regional ni el esquema federal previsto por la Constitución.

El proyecto en tratamiento propone introducir precisiones técnicas y conceptuales al régimen vigente, con el argumento de fortalecer su aplicación y reducir los márgenes de ambigüedad que, según distintos actores del sector jurídico y productivo, han generado conflictos de interpretación y controversias judiciales en los últimos años.

CAEM: “Protección y desarrollo pueden convivir”

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) sostienen que el debate no debe plantearse como una dicotomía entre ambiente y producción. Bajo el eje “Mitos y realidades de la Ley de Glaciares”, la entidad afirma que la discusión también involucra la aplicación normativa, el rol de las provincias y el impacto en las economías regionales.

Entre los principales puntos que remarcan:

No se trata solo de un debate ambiental: la aplicación de la ley impacta directamente en regiones donde los proyectos generan empleo, actividad productiva y desarrollo local.

Las provincias sí tienen un rol central: son las que otorgan permisos ambientales y fiscalizan proyectos dentro del marco de los presupuestos mínimos nacionales.

Más precisión técnica no implica menos protección: una delimitación basada en evidencia científica permitiría proteger de manera más efectiva las áreas estratégicas y fortalecer los controles.

Para CAEM, contar con definiciones técnicas más claras “brinda seguridad jurídica y acompaña a las regiones donde los proyectos generan empleo”, al tiempo que refuerza la protección del agua como prioridad estratégica.

IADEM: claridad normativa y federalismo ambiental

En la misma línea se expresó el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM), que difundió un comunicado respaldando la adecuación legislativa.

La entidad jurídica sostiene que el proyecto constituye “una oportunidad para fortalecer la protección ambiental mediante reglas más claras, previsibles y compatibles con el federalismo consagrado en la Constitución Nacional”.

Según el IADEM, la ley vigente contiene definiciones que en la práctica han demostrado “imprecisión e indefinición”, lo que derivó en interpretaciones dispares, conflictos de competencia y un escenario de incertidumbre jurídica tanto para inversores como para autoridades provinciales.

El instituto remarca que el artículo 41 de la Constitución habilita al Congreso a dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, pero recuerda que el artículo 124 reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. En ese equilibrio —señalan— debe inscribirse la reforma.

“El involucramiento activo de las provincias no contradice el esquema de presupuestos mínimos, sino que lo robustece”, sostienen desde la entidad, al destacar la necesidad de articular Nación y provincias en un esquema de “federalismo de concertación”.

El eje del debate: definiciones técnicas y reservas hídricas

Uno de los puntos centrales de la discusión gira en torno a la delimitación de glaciares y geoformas periglaciares que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos. Para los impulsores del proyecto, precisar conceptos permitiría aplicar la norma con mayor claridad y previsibilidad.

Los sectores críticos, en tanto, advierten que cualquier modificación podría abrir la puerta a flexibilizaciones en zonas sensibles. Desde los espacios que respaldan la adecuación responden que la precisión normativa no implica una reducción de estándares, sino su fortalecimiento.

Una discusión que excede al sector minero

Si bien la ley tiene un fuerte impacto sobre la actividad minera en zonas cordilleranas, el debate atraviesa también cuestiones institucionales más amplias: la seguridad jurídica, la coordinación interjurisdiccional y el modelo de desarrollo federal.

En ese contexto, la sesión de hoy en Diputados no solo pondrá en discusión la letra de una norma ambiental, sino también la forma en que la Argentina articula protección de bienes estratégicos —como el agua— con inversión, empleo y autonomía provincial.

La definición parlamentaria marcará el rumbo de un tema que, más de una década después de su sanción, vuelve al centro de la escena política con un interrogante clave: ¿cómo garantizar una tutela ambiental efectiva sin resignar previsibilidad y desarrollo regional?

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