La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) difundió un comunicado en el que expone cómo la industria minera aborda el uso del agua y la conservación ambiental en sus operaciones, a la vez que sostiene la necesidad de precisar definiciones técnicas en torno a la Ley de Glaciares para evitar “restricciones innecesarias”. 

Hoy la minería genera más de 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y en los próximos años podrían duplicarse. Y lo hace desarrollándose en forma sustentable. "Sabemos que uno de los temas que suscita mayor interés es el uso de agua en esta industria. El mismo representa una fracción muy pequeña del consumo hídrico total. En las regiones con minería, mientras alrededor del 93% del agua utilizada se destina a la agricultura, las industrias consumen el 7% restante, y dentro de ese universo la minería ocupa apenas el 1%", remarca el comunicado de CAEM.

Explica que la minería opera bajo un exigente esquema de control técnico y normativo, también en cuanto al manejo del agua. En los yacimientos metalíferos del país, el agua cumple múltiples funciones: desde permitir la perforación segura hasta posibilitar la separación de minerales. A diferencia de lo que suele suponerse, la mayor parte del agua que se emplea se reutiliza. De hecho, entre el 70% y el 90% del agua que se usa en los procesos se mantiene dentro de circuitos cerrados, donde se recircula una y otra vez.

El comunicado también describe los exigentes requisitos de impacto ambiental que deben presentarse en cada proyecto, regulados por la Ley 24.585 y auditados por autoridades provinciales con participación de organismos técnicos, universidades y, en muchos casos, comunidades locales. CAEM subrayó que, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente, la minería “puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas”. 

Además de los controles oficiales, la cámara empresaria indicó que las compañías que representa han incorporado protocolos y estándares internacionales de sostenibilidad, como HMS/TSM, ICMM e ISO, que “sumarían capas adicionales de control y mejorarían la eficiencia en el uso del agua”. 

Finalmente, CAEM planteó la necesidad de contar con definiciones técnicas más precisas sobre las zonas periglaciares, con el objetivo de distinguir claramente entre aquellas con función hídrica estratégica y aquellas que no constituyen reservas relevantes, evitando así confusiones que podrían generar restricciones regulatorias sin aportar a la protección real del ambiente.