En un nuevo capítulo del largo juicio internacional por la expropiación de YPF en 2012, el fondo de inversión Burford Capital solicitó formalmente a la justicia de Estados Unidos que declare en desacato a la República Argentina y le imponga sanciones, en un intento por presionar al país a cumplir con órdenes judiciales relacionadas con la causa.
Burford, que fue declarado como el principal beneficiario del fallo en primera instancia que condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera, presentó la moción ante la jueza Loretta Preska, quien lidera el proceso en el Distrito Sur de Nueva York.
La solicitud de sanciones y desacato
Según especialistas en litigios internacionales citados por Infobae, el fondo no sólo pide declarar en desacato a la Argentina, sino que también solicita una serie de medidas adicionales contra el país, entre las que figuran:
+Declarar que entidades estatales como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas actúan como “alter ego” del Estado, y que por lo tanto pueden ser alcanzadas por medidas judiciales en EE.UU.
+Imponer sanciones civiles.
+Establecer la presunción de que la evidencia no presentada sería desfavorable para la parte que incumplió la orden.
+Aplicar multas coercitivas de hasta US$ 1 millón por día si persiste el supuesto incumplimiento.
La presentación de Burford se basa, en parte, en la alegación de que la Argentina no habría entregado ciertas comunicaciones (correos y mensajes de funcionarios actuales y anteriores, incluido el ministro de Economía, Luis Caputo) requeridas en el marco del proceso de “discovery” —la fase en la que se intercambia información entre las partes involucradas— aunque el Estado sostiene que sí cumplió con esas obligaciones y que muchos de esos datos no están bajo su control legal.
Respuesta oficial y estrategia argentina
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa al país en la causa, rechazaron los argumentos de Burford y afirmaron que la Argentina “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery”, incluso entregando más de 113.000 páginas de documentación y testimonios de funcionarios. Asimismo sostienen que las solicitudes del fondo son “intrusivas y desproporcionadas”, y responden a una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina.
El Estado argentino tiene previsto presentar sus argumentos de defensa el 19 de febrero próximo en el tribunal neoyorquino.
Implicancias del conflicto
El juicio por la expropiación de YPF ha tenido diversas ramificaciones en los tribunales estadounidenses: en 2025 la jueza Preska ordenó que Argentina transfiera el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes como parte del pago de la condena, aunque esa orden fue suspendida temporalmente por la Cámara de Apelaciones mientras se analiza la apelación presentada por el país.
La amenaza explícita de que el país sea declarado en desacato preocupa al Gobierno, que se encuentra en medio de esfuerzos por atraer inversiones internacionales y consolidar su ingreso a mercados financieros, incluida la participación de funcionarios en eventos de inversión como el Argentina Week que tendrá lugar en Nueva York en marzo.
