El presidente de Donald Trump se reunirá este viernes con ejecutivos de las principales compañías petroleras de Estados Unidos, en el marco de una ofensiva diplomática de una semana destinada a persuadir al sector energético para que retome operaciones en Venezuela. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un marcado escepticismo por parte de la industria, que evita asumir compromisos de inversión ante la inestabilidad política y económica del país sudamericano.
Según informaron David Goldman y Adán Cancryn en CNN, los directivos que participarán del encuentro en la Casa Blanca planean abstenerse de prometer desembolsos significativos, ante el riesgo que implica invertir decenas de miles de millones de dólares durante más de una década para reconstruir la deteriorada infraestructura petrolera venezolana. Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron que la administración Trump aún no presentó un plan convincente que garantice estabilidad de largo plazo.
“Están improvisando sobre la marcha”, afirmó una de las personas involucradas en la coordinación previa al encuentro.
Preocupaciones por el estado de derecho
Uno de los principales focos de inquietud para las petroleras es la falta de garantías institucionales. El ejército venezolano mantiene un rol activo dentro de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), mientras que la infraestructura energética ha sido afectada por robos sistemáticos y abandono. A esto se suma el historial de expropiaciones y conflictos con empresas extranjeras.
“Habrá parámetros que deberán establecerse antes de que haya una inversión significativa en Venezuela. Primero, tenemos que establecer el estado de derecho”, sostuvo Mike Sommers, director ejecutivo del Instituto Americano del Petróleo, en declaraciones a Fox News.
En reuniones previas con funcionarios de la administración Trump, los ejecutivos del sector reclamaron precisiones sobre cómo se garantizará la seguridad de los trabajadores y equipos en zonas remotas del país. Las respuestas, hasta ahora, fueron consideradas insuficientes, aunque el secretario de Energía, Chris Wright, reconoció la magnitud del desafío.
“Para hacer inversiones muy grandes y de largo plazo, necesitamos que el gobierno esté en una mejor posición, con estado de derecho y seguridad nacional, y eso es un proceso”, dijo Wright en una entrevista con CNN.
Inversiones millonarias y riesgos políticos
De acuerdo con estimaciones del sector, para que la producción petrolera venezolana recupere niveles previos al colapso serían necesarias inversiones superiores a los US$10.000 millones anuales durante más de una década. El plan implicaría construir oleoductos, instalar nuevas plataformas de perforación, modernizar puertos y garantizar un sistema eléctrico confiable.
“Las compañías petroleras no se dejarán intimidar para gastar dinero en un país riesgoso o con condiciones riesgosas”, advirtió Dan Pickering, fundador de Pickering Energy Partners.
Analistas también ponen en duda la durabilidad de las garantías que pueda ofrecer la actual administración estadounidense. “La palabra de esta administración no es suficiente. Esto requiere un consenso político muy fuerte, y estamos muy lejos de lograrlo”, sostuvo Ryan Kellogg, vicedecano de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago.
Sanciones, régimen fiscal y deudas pendientes
Las petroleras condicionan cualquier regreso a la flexibilización de sanciones clave y a la provisión de insumos esenciales para procesar y transportar el crudo pesado venezolano. Aunque la administración Trump anunció su intención de aliviar algunas restricciones, persisten obstáculos estructurales, como un régimen fiscal que exige regalías del 30% y un impuesto a las ganancias del 60% para las empresas extranjeras.
“Venezuela tiene un régimen fiscal muy desfavorable. Es muy difícil operar allí; ni siquiera los chinos pueden hacerlo”, afirmó Luisa Palacios, ex presidenta de Citgo y actual directora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
A esto se suma el reclamo de deudas millonarias por parte de compañías como Eni, Repsol, ConocoPhillips y ExxonMobil, cuyos activos fueron expropiados en 2007. En conjunto, las demandas ascienden a decenas de miles de millones de dólares.
Para destrabar inversiones, expertos coinciden en que serán necesarias garantías financieras, seguros contra riesgos políticos y algún tipo de respaldo del gobierno estadounidense. Sin embargo, aún no está claro si esos incentivos se materializarán.
Pese a las dudas, el atractivo estructural de Venezuela sigue intacto. “Hay una enorme cantidad de petróleo”, coinciden los analistas. Wright aseguró a CNN que las compañías petroleras han manifestado un fuerte interés de largo plazo, aunque reconoció que estabilizar el país llevará tiempo.
Con inversiones moderadas y un marco institucional más previsible, Venezuela podría recuperar en el mediano plazo la capacidad operativa que tenía antes de la imposición de las sanciones estadounidenses. Pero, advierten los especialistas, cualquier expansión más ambiciosa exigirá tiempo, consenso político y fuertes desembolsos de capital.
