El Gobierno nacional dispuso una actualización de los precios regulados del biodiesel y del bioetanol destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles y resolvió restablecer el porcentaje de corte de biodiesel en el gasoil al 7,5%, a partir de enero de 2026. Las medidas fueron oficializadas mediante las resoluciones 611 y 612/2025 de la Secretaría de Energía, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

En el caso del biodiesel, la Resolución 612/2025 fijó el precio de adquisición en $1.797.881 por tonelada para las operaciones correspondientes a enero de 2026, valor que regirá hasta la publicación de una nueva actualización. Además, se estableció que el plazo máximo de pago no podrá superar los siete días corridos desde la fecha de facturación.

La norma también dispuso recomponer el nivel de mezcla obligatoria de biodiesel en el gasoil, que vuelve al 7,5% en volumen, luego de haber sido reducido transitoriamente al 7% en noviembre pasado. Según los considerandos oficiales, la decisión responde a que se atenuó el impacto de los precios de los insumos —principalmente el aceite de soja— sobre los costos de producción y sobre el precio final del gasoil en surtidor.

Nuevos valores para el bioetanol

En paralelo, mediante la Resolución 611/2025, la Secretaría de Energía actualizó los precios mínimos del bioetanol destinado a la mezcla obligatoria con naftas. Para enero de 2026, el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un precio mínimo de $976,457 por litro, mientras que el bioetanol producido a partir de maíz se fijó en $894,949 por litro.

A diferencia del biodiesel, el plazo máximo de pago para el bioetanol se mantuvo en 30 días corridos desde la fecha de la factura, conforme al esquema vigente. Desde el Gobierno aclararon que estos valores constituyen precios mínimos, por lo que las operaciones en el mercado interno no podrán realizarse por debajo de esos niveles.

Marco regulatorio y equilibrio de mercado

Ambas resoluciones se enmarcan en el Marco Regulatorio de Biocombustibles, que otorga a la Secretaría de Energía la facultad de definir precios y metodologías de cálculo, con el objetivo de garantizar una rentabilidad razonable para los productores, contemplando costos de elaboración, logística y el impacto sobre los combustibles fósiles.

En los fundamentos, el Ejecutivo remarcó la necesidad de evitar distorsiones en los precios en surtidor, preservar el abastecimiento interno y sostener el desarrollo de las economías regionales vinculadas a la producción de biocombustibles, en un contexto de volatilidad de los precios de las materias primas.

Con estas medidas, el Gobierno busca equilibrar los costos del sistema energético, sostener la producción local de biocombustibles y ordenar el esquema de precios de cara al inicio de 2026.