El Poder Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia que impulsa una reestructuración patrimonial, organizativa y financiera de Petroperú S.A., con el objetivo de asegurar su autosostenibilidad y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en el país. La medida, respaldada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responde a la crítica situación económica que enfrenta la empresa estatal y al rol estratégico que cumple en la seguridad energética nacional. 

Petroperú, que opera en refinación, distribución y comercialización de hidrocarburos, arrastra una profunda crisis financiera con pérdidas acumuladas y deudas crecientes, que han superado los miles de millones de soles en los últimos años. Entre 2022 y 2024, el Estado aportó más de S/ 17.800 millones para sostener financieramente a la compañía, cifras que evidencian la magnitud del desafío. 

Frente a ese panorama, el Decreto de Urgencia faculta al Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales durante un año para reorganizar la empresa a nivel patrimonial y operativo, con una marcada orientación hacia la eficiencia y la sostenibilidad.

Según la normativa aprobada, Petroperú será incorporada al proceso de promoción de la inversión privada, bajo la conducción técnica de PROINVERSIÓN, con la finalidad de diseñar y ejecutar un plan que reorganice sus activos en uno o varios bloques patrimoniales. Entre estos se podría incluir la Nueva Refinería de Talara, una de las instalaciones más relevantes del sistema de refinación nacional.

La medida faculta también la estructuración de mecanismos financieros —como fideicomisos de administración, garantía o flujos— destinados a asegurar que los ingresos derivados de los activos se utilicen prioritariamente para pagar pasivos críticos, mantener operaciones y fortalecer la posición financiera de la empresa.

En declaraciones públicas, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, subrayó que la reorganización impulsada por el decreto no implica la privatización ni la entrega de la empresa al sector privado. Por el contrario, explicó que las medidas están orientadas a generar valor para hacer que Petroperú sea autosostenible y capaz de afrontar las deudas acumuladas por gestiones previas, sin renunciar a su rol como empresa estatal estratégica para los peruanos.

Miralles también destacó que el decreto permitirá evaluar la estructura de costos y beneficios laborales de la compañía para ajustarlos a la realidad financiera, aunque garantizando los derechos de la mayoría de los trabajadores. 

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, coincidió en que el proceso tiene carácter técnico y no constituye una privatización. Bravo explicó que PROINVERSIÓN tendrá hasta 60 días para analizar la empresa y proponer la mejor estructura financiera, que podría incluir mecanismos como fideicomisos de Cofide sin transferir la propiedad al sector privado.

El anuncio ha generado atención dentro y fuera del sector energético. Algunos analistas y gremios han alertado sobre la necesidad de implementar medidas adicionales que fortalezcan la gobernanza corporativa de la empresa y eviten poner en riesgo su función social y económica. Sin embargo, desde el Gobierno se ha insistido en que el decreto es una acción responsable y urgente para estabilizar a Petroperú y proteger los recursos públicos.

El contexto de esta decisión también se inscribe en una tendencia más amplia de reorganización de empresas estatales en sectores estratégicos, buscando un equilibrio entre sostenibilidad fiscal, eficiencia operativa y la garantía de servicios esenciales para la población.

Con la puesta en marcha del decreto, Petroperú entra en una etapa de transición que podría redefinir su estructura operativa y financiera en los próximos meses. El reto principal será recuperar su viabilidad económica, reducir su dependencia de apoyos estatales y consolidar su rol como actor clave en el mercado energético peruano, sin comprometer su función estratégica de garantizar el suministro de combustibles en todo el territorio nacional.