A partir del 1° de diciembre, las diez áreas hidrocarburíferas convencionales que YPF traspasó a Santa Cruz comienzan oficialmente a ser operadas por las nuevas empresas adjudicatarias, en el marco de la licitación pública conducida por FOMICRUZ S.E.. El cambio marca un hito para la provincia, que recupera protagonismo operativo en la Cuenca del Golfo San Jorge y avanza hacia un modelo energético con mayor control estatal, inversión privada y desarrollo local.
El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, sintetizó la trascendencia del momento: “Hoy es el primer día de una nueva etapa en Santa Cruz”. Para el funcionario, el inicio del período operativo de las nuevas compañías representa “la puesta en valor de áreas maduras, la recuperación de pozos y la ejecución de los compromisos de inversión que sostendrán la actividad por los próximos años”.
Las adjudicatarias comprometieron inversiones por más de USD 1.250 millones en seis años, lo que equivale a un flujo anual cercano a los USD 200 millones. Estos fondos se destinarán a: Reactivar pozos maduros y optimizar producción; Mejorar infraestructura en las áreas; Fortalecer el empleo local y los servicios regionales; Ampliar la actividad de empresas proveedoras
El objetivo central es revertir la caída natural de la producción convencional y transformar áreas con bajo nivel de actividad en polos productivos capaces de sostener empleo, movimiento económico y seguridad energética provincial.
El traspaso de áreas se integra a una estrategia más amplia del Gobierno provincial, que apunta a: Recuperar yacimientos convencionales con gestión cercana al territorio; Incentivar la inversión responsable; Asegurar mayor participación del Estado en la conducción del sector; Fortalecer la transparencia y el control ambiental; Generar condiciones estables para el crecimiento de la cadena de valor
En este sentido, la provincia destaca el rol estratégico de FOMICRUZ, que conduce los procesos de licitación y supervisa el desempeño de las compañías operadoras.
El gobernador Claudio Vidal rubricó días atrás un acuerdo con el Gobierno nacional para reducir las retenciones a la exportación de crudo convencional, una medida largamente reclamada por las provincias productoras para mejorar la competitividad de los yacimientos maduros.
“No lo hacemos para beneficiar la especulación, sino para sostener la producción”, enfatizó Vidal, al remarcar que la estabilidad de la actividad petrolera es central para la economía de Santa Cruz.
Con la entrada en operación de las nuevas compañías, Santa Cruz consolida un nuevo modelo de gestión energética, basado en la soberanía sobre sus recursos, la reactivación de áreas de baja actividad, el incentivo a la inversión y la articulación público-privada.
La transición implica un cambio profundo: el paso de una estructura dominada por YPF hacia un esquema provincial donde la diversificación empresaria y la presencia estatal buscan dinamizar el empleo, la producción y el desarrollo regional.
Para Santa Cruz, el 1° de diciembre no solo marca el traspaso operativo de áreas, sino el inicio de un ciclo productivo que aspira a reconstruir la actividad convencional y convertirla en una fuente renovada de crecimiento económico y oportunidades para las comunidades petroleras.