Este miércoles 26 de noviembre, la Cámara de Diputados de Mendoza someterá a votación la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge, conocido también como PSJ Cobre Mendocino. Junto a este, se discutirán otros tres proyectos vinculados al sector minero: la DIA de otro distrito (Malargüe Distrito Minero Occidental II), un régimen de regalías mineras, y la creación de un fondo compensador ambiental

Si el proyecto obtiene media sanción, se allana el camino para que la explotación de cobre —y en algunos casos oro— en el valle de Uspallata pase de ser un plan a un emprendimiento real, con inversión multimillonaria y expectativas de producción a mediano plazo.

La inversión estimada ronda los 600 millones de dólares, utilizando un sistema de extracción por flotación que, según los promotores, respeta la normativa vigente y no requiere sustancias prohibidas por la ley local.

En su presentación ambiental, la DIA fue aprobada por la autoridad provincial —luego de intervenciones de 16 organismos, evaluación técnica de decenas de profesionales, audiencias públicas, consultas, dictámenes universitarios y participación ciudadana.

Si prospera, las regalías que generaría solo San Jorge podrían aportar entre 12 y 15 millones de dólares por año. Además, el oficialismo acompaña este proyecto con un paquete normativo: un régimen actualizado de regalías mineras y un fondo de compensación ambiental para gestionar eventuales impactos. 

El Gobierno provincial apuesta a que esta combinación de inversión, producción de minerales críticos (como cobre), ingreso de regalías y normativa de control constituya un motor de desarrollo, empleo y diversificación económica para Mendoza.

No obstante, el debate está lejos de ser pacífico. Sectores ambientalistas y comunidad local expresan fuertes dudas sobre la “licencia social” del proyecto, denunciando riesgos sobre los recursos hídricos (agua, suelo), impactos a ecosistemas sensibles y posibles contaminaciones a largo plazo. 

Política, expectativas y lo que está en juego

El impulso de San Jorge coincide con un giro político en la provincia: el actual gobernador, Alfredo Cornejo, quien en 2011 era opositor al proyecto, hoy promueve la “minería responsable” como parte de una estrategia de desarrollo económico. 

El oficialismo confía en que dispondrá de mayoría suficiente en ambas cámaras para aprobar la DIA y los proyectos asociados, interpretando los recientes resultados electorales como un aval de la población hacia la reactivación minera. 

Para sectores a favor, San Jorge representa una oportunidad para atraer inversiones, generar recursos fiscales, crear empleo y posicionar a Mendoza en la producción de minerales estratégicos (como cobre), demandados globalmente en el contexto de transición energética. Gobierno de Mendoza.

Para sus críticos, sin embargo, representa una apuesta que podría comprometer el ambiente, los recursos hídricos y la calidad de vida local, con riesgos que exceden los beneficios económicos proyectados.

El resultado de la sesión parlamentaria será decisivo. Si se aprueban todos los proyectos —la DIA de San Jorge, la de Malargüe, el régimen de regalías y el fondo ambiental—, Mendoza pondrá en marcha una etapa de minería metalífera a gran escala que podría reconfigurar su matriz económica.

Si se rechazan o se postergan, el debate sobre minería continuaría con interrogantes abiertos: sobre agua, ecosistema y consultividad ciudadana. La provincia, sus habitantes, empresarios y ambientalistas aguardan una definición que marcará un antes y un después en su historia reciente.

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