El Gobierno Nacional, a través del Decreto 564/2025, ha dado un paso decisivo para la privatización de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, publicada en el Boletín Oficial, autoriza la venta de los paquetes accionarios de las sociedades creadas para gestionar estas centrales, que hasta ahora pertenecían al Estado.

El decreto establece la transferencia de las acciones de las nuevas empresas (Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., etc.) de la titularidad de ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA) a la Secretaría de Energía. Posteriormente, se procederá a la venta de estas acciones a través de un Concurso Público Nacional e Internacional sin base, bajo las modalidades de la Ley de Reforma del Estado.

El Ministerio de Economía, en coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tiene un plazo de 60 días corridos para llamar a esta licitación.

Para garantizar la continuidad del servicio, el decreto dispone que los actuales concesionarios (Orazul Energy, ENEL Generación, AES Argentina y Central Puerto) podrán continuar operando las centrales hasta el 31 de diciembre de 2025 como fecha máxima, o hasta que se concrete la venta, lo que ocurra primero. Esta extensión está sujeta a que las empresas remitan una carta de adhesión dentro de los cinco días posteriores a la entrada en vigencia del decreto.

En caso de que los concesionarios no adhieran a esta prórroga, estarán obligados a continuar operando por un plazo de 90 días hábiles administrativos, tiempo que le servirá al Estado Nacional para tomar las medidas necesarias que aseguren el funcionamiento de las represas.

Los contratos de concesión originales de estos complejos, otorgados en la década del '90, ya se encuentran vencidos. La medida busca, según el decreto, avanzar hacia un plan estratégico de renovación de activos para asegurar la operación confiable de las centrales, al tiempo que se impulsa la participación del capital privado. El proceso se desarrollará en coordinación con los organismos interjurisdiccionales y las provincias de Neuquén y Río Negro, que tendrán un rol activo en la definición de las pautas de las nuevas concesiones.