La justicia de Estados Unidos tiene previsto definir hoy si suspende o no la orden de la jueza Loretta Preska que exige a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la indemnización por la expropiación de la empresa en 2012. La decisión, esperada por el Gobierno argentino, podría tener un impacto significativo en el juicio millonario.

LOS ESCENARIOS POSIBLES

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York es el tribunal que se pronunciará sobre la medida cautelar solicitada por Argentina para detener la transferencia accionaria. Se manejan al menos tres escenarios posibles:

Suspensión total: El tribunal podría aceptar la petición de Argentina y suspender la entrega de las acciones hasta que se resuelva la apelación de fondo del caso. Este sería el escenario más favorable para el país.

Suspensión con garantías: La corte podría conceder la suspensión, pero exigir a Argentina que deposite otros activos como garantía. Esto evitaría el traspaso inmediato de las acciones de YPF, pero obligaría al Estado a movilizar otros bienes.

Rechazo del pedido: El peor escenario sería que el tribunal rechace el pedido de suspensión, lo que dejaría en firme la orden de la jueza Preska. En ese caso, Argentina debería acatar la resolución para no incurrir en desacato, aunque la intención del Gobierno es apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El litigio se originó por la forma en que se llevó a cabo la expropiación del 51% de YPF a la petrolera española Repsol. La jueza Preska, en primera instancia, determinó que Argentina debía pagar una indemnización de más de 16.000 millones de dólares a los fondos que compraron los derechos de litigio, principalmente Burford Capital y Eton Park.

La defensa argentina argumenta que la entrega de las acciones es irreversible y causaría un daño irreparable, incluso si la apelación de fondo resultara favorable al país en el futuro. Por su parte, los demandantes buscan ejecutar la sentencia lo antes posible, dado que los intereses diarios suman más de 2 millones de dólares.

La decisión que se tome hoy es un paso crucial en este largo proceso judicial, que podría impactar no solo a la petrolera, sino también a la economía y las finanzas públicas de Argentina.