La Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que defiende legalmente al Estado argentino, atraviesa una profunda reestructuración que, si bien se justifica oficialmente por una búsqueda de "mayor eficiencia", puertas adentro del Ejecutivo se vincula con un fuerte descontento por una supuesta filtración de información en el marco del crucial juicio por la estatización de YPF.

Esta reconfiguración interna coincide con un alivio judicial para el país, que logró la suspensión temporal de la controvertida orden de la jueza neoyorquina Loretta Preska de entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.

Oficialmente, la Procuración del Tesoro justifica el achicamiento de su planta por una búsqueda de "mayor eficiencia" y una política de ahorro de recursos. En este sentido, se ha anunciado la reducción de seis a cuatro Direcciones Nacionales y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuyas funciones serán asumidas por un centro con una dotación significativamente menor. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, más de 60 funcionarios han sido desvinculados del organismo.

Sin embargo, fuentes calificadas del Gobierno han expresado a la prensa un profundo malestar por supuestas filtraciones de información que habrían perjudicado la estrategia judicial de Argentina en el litigio por YPF en Nueva York. La sospecha interna es que esta fuga de datos habría intentado beneficiar al fondo Burford, que encabeza la demanda contra el país por la expropiación de la petrolera en 2012.

Esta situación se da en un momento de alta tensión judicial. Recientemente, Argentina logró un respiro significativo al obtener de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la suspensión temporal de la orden de la jueza Loretta Preska que exigía la entrega del 51% de las acciones de YPF a los demandantes. Esta suspensión, aunque preventiva y sujeta a una fianza formal, brinda un margen de maniobra al Estado en un juicio que asciende a los 16.000 millones de dólares.

La controversia se intensifica al considerar el nombramiento de Santiago Castro Videla como titular de la Procuración del Tesoro en enero pasado. Su designación generó cuestionamientos debido a que es socio de un constitucionalista que, en su momento, apoyó la postura del fondo Burford en el litigio contra YPF.

La interconexión entre la reestructuración interna, las alegaciones de filtraciones y los desarrollos en el juicio de YPF subraya la complejidad y la sensibilidad del momento para la defensa legal del Estado argentino.