El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, aclaró enfáticamente que el Gobierno nacional no presiona a la Asamblea Legislativa para la aprobación de los contratos del litio, ya que se trata de un proceso técnico y transparente que se inició en 2021.

Explicó que los contratos suscritos con las empresas Uranium One Group y CBC fueron entregados a la Asamblea en 2024, y que ahora es responsabilidad del Órgano Legislativo definir si el país accede o no a una inversión superior a los $us 2.000 millones.

La autoridad detalló que se realizaron dos convocatorias internacionales: la primera en 2021, en la que se presentaron 20 empresas, y una segunda en 2024, con la participación de otras 21. En total, 41 empresas manifestaron su interés, de las cuales 14 cumplieron los requisitos y suscribieron convenios para avanzar hacia una eventual firma de contratos.

De esos 14 convenios, dos se convirtieron en contratos suscritos con las empresas CBC y Uranium One Group, en septiembre y noviembre del año pasado, respectivamente. Al tratarse de recursos naturales estratégicos, dichos contratos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa, tal como establece la Constitución Política del Estado, para su tratamiento y aprobación.

“El Ejecutivo cumplió con todas las etapas establecidas en el proceso. Ahora corresponde a la Asamblea decidir si aprueba o no estos contratos, que representan una inversión de más de $us 2.000 millones para el país”, aseveró el Ministro.

Etapas del proceso

Gallardo indicó que, una vez aprobados los contratos, se podrá avanzar al diseño final de los proyectos. Posteriormente, si se confirma su factibilidad técnica, se ingresará a la fase de ejecución y, finalmente, a la etapa de producción con operación y mantenimiento.

Asimismo, enfatizó que estos contratos solo comprometen el 1,64% del total de los recursos de litio certificados en el salar de Uyuni, estimados en 21 millones de toneladas certificadas. “Estamos hablando de un porcentaje pequeño, que abre la posibilidad de que otras empresas internacionales, que ya firmaron convenios, también avancen hacia la inversión”, sostuvo.

Consulta previa

El Ministro señaló que el proceso fue transparente y sostenido en el tiempo, desvirtuando las versiones que acusan una supuesta precipitación o falta de consulta previa. “La consulta y participación se realiza una vez que se tenga la ubicación exacta del proyecto, lo cual será determinado en la primera etapa, con el estudio de factibilidad. Solo entonces se cumplirán todos los pasos del marco ambiental, incluidos los permisos correspondientes”, aclaró.

Una vez aprobado el contrato, se efectuará el estudio de factibilidad del proyecto. Concluida esta etapa, y en cumplimiento de la normativa vigente, se realizará la consulta y participación a las comunidades, la cual constituye un requisito indispensable para la obtención de la licencia ambiental.

Cabe destacar que la consulta y participación solo puede realizarse cuando se cuenta con el proyecto a diseño final, ya que este documento es necesario para informar adecuadamente a las comunidades sobre las características del proyecto. La licencia ambiental, a su vez, es un requisito fundamental para iniciar cualquier fase de construcción.

Responsabilidad legislativa

En ese contexto, Gallardo pidió responsabilidad a los legisladores para dar continuidad a este proceso estratégico para el país, que permitirá no solo aprovechar los recursos evaporíticos, sino también atraer inversión extranjera, generar empleo y divisas, e impulsar nuevas industrias vinculadas a tecnologías emergentes como la electromovilidad y el hidrógeno verde.

“El país necesita productividad, necesita ingresos, necesita divisas. Y este tipo de proyectos responden a ese objetivo nacional. No podemos dejar que intereses políticos o personales frenen el desarrollo”, concluyó.

Actitudes bochornosas en la Asamblea

Asimismo, Gallardo lamentó las actitudes de algunos legisladores durante su participación en sesiones anteriores. “He asistido a todas las convocatorias, y en algunas ocasiones fue realmente bochornoso el trato. El debate debe darse con respeto y altura, porque somos servidores públicos con responsabilidades ante el país”, señaló.