El caso de la expropiación de YPF ha entrado en un capítulo crucial luego de que la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York ordenara a Argentina transferir su participación del 51% en la petrolera estatal como pago parcial de la sentencia de 16.100 millones de dólares. La magistrada otorgó al Estado argentino un plazo de 14 días para cumplir con la orden.
La orden judicial de entregar las acciones de YPF ha generado una respuesta inmediata del gobierno argentino. El presidente Javier Milei confirmó que el Estado apelará el fallo para defender los intereses nacionales.
El gobierno argentino formalizó la apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, sin esperar la decisión de la jueza sobre su solicitud de suspensión del fallo. Los argumentos de la defensa argentina se centran en que la orden de Preska obliga al Estado a violar la ley argentina, que prohíbe la transferencia de las acciones expropiadas sin la aprobación de dos tercios del Congreso.
La reciente decisión judicial ha causado volatilidad en los mercados. Las acciones de YPF y los bonos argentinos han mostrado descensos tras la noticia, mientras que las acciones de Burford Capital han aumentado significativamente.
Por su parte, Burford y otros acreedores se oponen firmemente a la solicitud argentina de suspensión del fallo, presionando para que se cumpla la orden de transferencia de acciones. Este complejo escenario judicial continúa generando incertidumbre sobre el futuro de la petrolera estatal y los activos del Estado argentino.
La disputa legal se remonta a la nacionalización de YPF en 2012. Los demandantes, principalmente el fondo Burford Capital (que adquirió los derechos de litigio del extinto Grupo Petersen, ex accionista de YPF) y Eton Park Capital Management, argumentaron que Argentina violó los estatutos de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas minoritarios tras la toma de control.
En 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes, dictaminando que Argentina incumplió sus obligaciones contractuales. Es importante destacar que la jueza eximió a YPF de responsabilidad en el caso, centrando la sentencia exclusivamente en el accionar del Estado argentino.
