El contrato para la explotación e industrialización del litio entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group, subsidiaria de Rosatom, ha desatado una nueva ola de controversia y tensiones en la Cámara de Diputados de Bolivia. Una reciente sesión de la Comisión de Economía Plural, destinada a tratar el acuerdo, fue suspendida "sin fecha ni hora" tras incidentes y un fuerte rechazo de sectores de la oposición y movimientos cívicos.
La negociación del contrato, que involucra uno de los recursos estratégicos más importantes del país en el Salar de Uyuni, ha estado marcada por idas y vueltas, incluyendo una orden judicial en mayo de 2025 que instruía detener su tratamiento legislativo. Omar Yujra, presidente de la Cámara Baja, anunció que el tema quedará "en cuarto intermedio" debido a la falta de garantías para su discusión.
Fuerte Oposición y Movilización Social
Sectores de la oposición política, así como movimientos cívicos de Potosí –encabezados por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)–, han calificado los contratos de litio, que también incluyen uno con un consorcio chino (Hong Kong CBC), como "ilegales e inconstitucionales". Han convocado a vigilias y movilizaciones en La Paz, exigiendo la anulación de los acuerdos que consideran una vulneración a la soberanía regional y nacional. Las protestas en Potosí, donde se realizará la extracción, han sido particularmente intensas.
El Plan de Uranium One Group en Bolivia
El contrato con Uranium One Group fue firmado el 11 de septiembre de 2024 y contempla una inversión de 975,8 millones de dólares para la producción de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, Potosí. El proyecto se basa en la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), la cual, según la empresa, es "verde" al no requerir el uso de ácidos y alcanzar recuperaciones superiores al 80%, muy por encima del método tradicional.
La implementación del proyecto se desarrollará en tres fases: una primera fase con una planta de hasta 1.000 toneladas anuales, seguida de una ampliación semi-industrial a 8.000 toneladas y una segunda expansión hasta alcanzar las 5.000 toneladas adicionales. YLB, la estatal boliviana, tendrá el control del 100% de la comercialización del carbonato de litio producido, y el precio se fijará en dólares estadounidenses, basado en los indicadores del Shanghai Metals Market (SMM). Mientras Uranium One Group aportará capital, tecnología EDL y conocimientos técnicos, YLB proveerá las salmueras y el acceso a las áreas del contrato.
Críticas y Cuestionamientos al Acuerdo
Más allá de la controversia legislativa y social, el acuerdo ha recibido críticas por parte de algunos analistas. Organizaciones como la Fundación Milenio han señalado que el contrato de "asociación accidental" podría cargar "todo el riesgo para el Estado, ninguno para el inversor", sugiriendo un desequilibrio en la distribución de responsabilidades y beneficios.
En un contexto de caída de las exportaciones de hidrocarburos, el gobierno boliviano ha apostado fuertemente por la industrialización del litio como pilar de su estrategia económica. Sin embargo, la persistente controversia en la Cámara de Diputados y la movilización de la sociedad civil evidencian los profundos desafíos políticos y sociales que Bolivia enfrenta en su camino hacia la explotación de sus vastas reservas de litio, un mineral estratégico para la transición energética global.
