Con el decreto 370/2025, Argentina prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 9 de julio de 2026. La medida afecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como al transporte y distribución de gas natural.

Además, se extendió la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta la misma fecha o hasta que se constituya el nuevo organismo, previsto en la Ley 27.742.

Frente a la persistencia de los problemas estructurales en el sector energético, “aún está pendiente alcanzar una mayor cobertura del costo de abastecimiento de gas natural, manteniendo el aporte del Estado solamente para los usuarios que verdaderamente necesitan la ayuda económica”.

En la justificación de la medida, el decreto destaca que se definió al transporte y a la distribución de gas natural como servicio público nacional y se fijó como objetivos de la política nacional en materia de transporte y distribución de gas natural los siguientes: proteger adecuadamente los derechos de los consumidores; promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural; regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables según lo normado por la mencionada ley; incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural; incentivar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio ambiente y propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones.

El decreto también prorroga el “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, lo que permitirá a la Secretaría de Energía continuar con la reestructuración de este régimen y la definición de mecanismos para su asignación.

El decreto se fundamenta en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes, ante la inminencia del vencimiento de la emergencia previa, que caducaba el próximo 9 de julio de 2025.

El texto señala que “resulta necesario y urgente extender la declaración de emergencia por 1 año, es decir hasta el 9 de julio de 2026, con el fin de permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural”.

El sector de electricidad el parque generador argentino mantiene una elevada antigüedad promedio con las ineficiencias operativas asociadas; el sistema de transporte enfrenta limitaciones estructurales severas, opera con márgenes de seguridad reducidos y las principales estaciones transformadoras operan con niveles de carga superiores 90 %; y más del 60 % de las fallas en el sector distribución tienen lugar en alimentadores de más de 25 años de antigüedad.

Que la eventual finalización del régimen de emergencia vigente podría acentuar una serie de riesgos estructurales para el MEM, entre los que se destacan la pérdida de previsibilidad en el flujo de fondos de CAMMESA, la interrupción de los mecanismos de contención de la deuda de distribuidores y la creciente exposición al incumplimiento de contratos con generadores.

Que, en ese sentido, resulta imprescindible continuar con la política de reducción de la proporción del subsidio al Precio Estacional (PEST) en el MEM, y avanzar hacia un mayor porcentaje de cobertura del precio monómico, en línea con el objetivo de sostenibilidad económica financiera del sistema eléctrico.