Una reciente encuesta de Ipsos para el colectivo País Seguro, difundida por Perú21, ha revelado una alarmante percepción ciudadana: el 71 % de los peruanos considera probable que la minería ilegal financie la próxima campaña electoral. Este dato se convierte en una señal de alerta sobre la creciente incursión de las economías ilegales en el panorama político nacional.

Luego de revelarse que dirigentes de mineros informales se han afiliado a partidos con representación parlamentaria, como el caso de 168 mineros informales de Pataz inscritos en el Reinfo y actualmente militantes del partido Alianza para el Progreso, la preocupación ciudadana refleja estos temores. Además, se ha registrado que, solo entre enero y mayo de 2024, representantes de la minería informal realizaron al menos 158 visitas al Congreso, con un pico de actividad durante el debate sobre la prórroga del Reinfo. 

El analista político Iván Arenas advirtió que estamos frente a un escenario en el que la minería ilegal busca una participación directa en el poder. “Ya no se trata solo de representación indirecta. Quieren llegar al Congreso y al Ejecutivo”, afirmó, señalando además el riesgo de que estas organizaciones extiendan sus redes a otros sectores delictivos como el narcotráfico y el tráfico de armas. 

De cara a las elecciones generales de 2026, el panorama es preocupante: 7 de cada 10 ciudadanos visualizan campañas presidenciales y parlamentarias financiadas con “dinero sucio”, lo que refuerza el temor de que la democracia sea capturada por intereses criminales. De hecho, el 63 % de los encuestados cree que el país corre el riesgo de caer bajo el control político de mafias vinculadas a la minería ilegal.

No obstante, los expertos coinciden en que el primer paso para enfrentar este fenómeno es la conciencia ciudadana. Carlos Ponce, director de Reputación Corporativa de Ipsos, destacó la importancia de haber identificado este consenso: “Es la primera vez que colocamos preguntas sobre minería ilegal en una encuesta nacional y sorprende el alto nivel de acuerdo. Esta percepción compartida puede ser la base para una acción colectiva”.

Por su parte, Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, destacó que lo positivo de este hallazgo es que “la ciudadanía está interiorizando que existe un problema serio, con consecuencias para la seguridad y la estabilidad democrática del país”, concluyó.