El sector minero en el Perú enfrenta el desafío del avance de la minería ilegal e informal, que amenaza tanto el medio ambiente como la inversión formal. Dos voces clave en esta problemática, Gonzalo Quijandría, presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y Gustavo Ramírez, líder del Grupo de Trabajo de Minería Informal e Ilegal de la misma institución, ofrecen sus perspectivas sobre la situación actual y las posibles soluciones.
El sector minero se mantiene en alerta ante propuestas legislativas establecidas en la Ley MAPE. Gonzalo Quijandría expresó su preocupación ante propuestas que pretenden cambiar el régimen de concesiones, lo que podría poner en riesgo la seguridad jurídica y ahuyentar la inversión.
“Aunque no esté en la Ley MAPE que se está discutiendo, nos preocupa el intento de cambiar el régimen de concesiones. Eso sería terrible, sería un golpe muy fuerte para el sector minero formal. No solo ahuyentaría a todos los inversionistas, sino que en la práctica implicaría un despojo de una propiedad sobre la cual ya se ha invertido”, afirma Quijandría. “Las empresas invierten permanentemente en sus concesiones, realizando estudios, exploraciones, perforaciones y pagando los derechos de vigencia”, agrega.
Desde la perspectiva del Grupo de Trabajo de Minería Informal e Ilegal, Ramírez coincide en que el sistema de concesiones ha sido un pilar fundamental del desarrollo minero en el país. “El sistema de concesiones mineras ha funcionado y sigue funcionando. Era indefinido, ahora es de 30 años”, enfatiza, advirtiendo que reducir el plazo de vigencia sería antitécnico y antijurídico.
Además, señala que la reducción de los plazos de las concesiones a siete años, como proponen algunos proyectos, tendría un impacto directo en la inversión, ya que proyectos mineros de gran envergadura necesitan largos periodos de maduración y planificación. “Si le ponemos esos límites, el inversionista se llevará su dinero a países como Chile, que tienen un régimen legal más claro y predecible”, asegura Ramírez.
Formalización minera
Otro de los cambios más significativos que introduce la Ley No. 32213 es el traslado de la rectoría del proceso de formalización desde los gobiernos regionales al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección de Formalización. Esta medida busca centralizar los esfuerzos y establecer una gestión más ordenada. Sin embargo, la implementación efectiva de esta medida aún está en proceso, ya que falta la reglamentación que defina cómo se llevará a cabo la gestión centralizada.
“El Poder Ejecutivo debe definir cómo se hará efectiva esa rectoría. Ya se publicó el proyecto de Decreto Supremo en El Peruano para recibir opiniones. La SNMPE ya hizo llegar sus observaciones y aportes, al igual que otras empresas. Según lo último conversado con el director Máximo Gallo (director general de la Dirección General de Formalización Minera) y el ministro Jorge Montero, están en proceso de sistematizar los aportes y definir esos detalles”, añade Ramírez.
Reinfo: depurar para avanzar
Ambos ejecutivos coinciden en que el problema de la minería ilegal no puede abordarse de manera aislada, sino que requiere de una visión integral que considere tanto la formalización como un control efectivo. Mientras se espera la reglamentación que defina cómo se implementará la rectoría del MINEM, Ramírez considera crucial depurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para eliminar a quienes utilizan el sistema solo para operar al margen de la ley.
“Escuchaba al ministro y también a Máximo Gallo decir que van a ir al campo y van a verificar las coordenadas declaradas en el Reinfo. Que haya actividad, una bocamina, y que esté ubicada en las coordenadas que declararon. Eso me parece perfecto, y el que no esté donde dice estar, pues se va a meter en problemas. Pero previo a eso se puede hacer depuración en gabinete. Es el paso uno. Una vez que tú sepas quién es quién, vas a quedarte con los verdaderos mineros que sí tienen la intención de formalizarse”, afirma Ramírez.
“La principal labor ahora es depurar el Reinfo y sacar a aquellas personas que solo están aprovechando el ciclo de precios altos y la posibilidad de operar sin pagarle nada al Estado”, concluye Quijandría.
