A medida que se asienta el polvo de lo que ha sido un año tumultuoso de elecciones, tensión geopolítica y debates globales sobre las emisiones, 2025 parece destinado a ser un año crucial en la lucha contra el cambio climático, la garantía de la estabilidad energética y el fomento del crecimiento económico sostenible.

Para los gobiernos de todo el mundo, este momento marca una coyuntura crítica para acelerar los esfuerzos que se han deliberado durante años pero que en gran medida siguen sin concretarse. Si bien cuestiones como el costo de la vida y las tensiones geopolíticas han dominado los titulares en 2024, está claro que ha llegado el momento de actuar frente al cambio climático.

Este año ha sido un año de elecciones importantes, en el que casi la mitad de la población mundial ha acudido a las urnas en más de 60 países, incluidos varios de la Unión Europea.

A pesar de la urgencia de la acción climática, la mayoría de las campañas dejaron de lado las cuestiones ambientales en favor de preocupaciones más inmediatas, como la inflación, los precios de la energía y la seguridad nacional.

Si bien los votantes naturalmente priorizan los asuntos que afectan su vida diaria, el continuo descuido de la acción climática corre el riesgo de cargar a las generaciones futuras con desafíos ambientales aún más graves. Todas las miradas también están puestas en Estados Unidos, y sigue en pie la pregunta de si la administración entrante del presidente electo Donald Trump dará marcha atrás en los compromisos climáticos del país.

"Un momento clave a finales de 2024 fue la conclusión de la cumbre COP29 en Bakú, Azerbaiyán, donde los líderes mundiales se reunieron para discutir el futuro del sistema energético global", comentó Anne Britt Høydal, directora de segmento Gobiernos y CON. 

La cumbre COP29 subrayó la encrucijada crítica en la que se encuentra el sistema energético mundial, y la financiación climática surgió como un tema central. Uno de los resultados fue el compromiso de los países desarrollados de proporcionar US$ 300.000 millones anuales en financiación climática para 2035, el triple de la meta actual, aunque todavía muy por debajo de los US$ 1,3 billones anuales solicitados por los países en desarrollo.

Este compromiso tiene por objeto apoyar a las economías emergentes en su transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, generar resiliencia frente a los impactos climáticos y abordar las pérdidas y los daños causados ​​por los desastres naturales.

Se trata de un paso en la dirección correcta; sin embargo, como siempre, el verdadero desafío consistirá en traducir estas promesas en acciones concretas y mensurables.

El año 2025 será el año en que esta transformación deberá comenzar en serio. Se espera que en febrero del año próximo los países presenten sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) actualizadas, en las que se describa cómo reducirán las emisiones y se adaptarán a los impactos climáticos.

Los planes actuales son muy insuficientes, como se destaca en el Informe de síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional de las Naciones Unidas para 2024. La próxima ronda de planes climáticos nacionales debe representar un aumento sustancial tanto de la acción como de la ambición climática.

Los gobiernos deben cumplir los compromisos asumidos en la COP29, garantizando que tanto las promesas de financiación climática como los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones se cumplan plenamente.

Para equilibrar la seguridad energética con los objetivos de la transición energética es necesario abordar las necesidades a corto y largo plazo. El petróleo y el gas seguirán desempeñando un papel crucial en la combinación energética mundial durante décadas.

Si bien la demanda de petróleo puede alcanzar su punto máximo en la próxima década, más de la mitad del consumo actual de petróleo seguirá siendo necesario en 2050. Sin embargo, se considera que la energía renovable es clave para lograr una energía a largo plazo segura, confiable y asequible.

Según el informe Global Energy Scenarios 2024 de Rystad Energy, más del 90% de la población mundial vive en regiones donde los recursos renovables pueden satisfacer o superar las necesidades energéticas futuras, mientras que más del 80% vive en países que dependen de combustibles fósiles importados.

Las energías renovables proporcionan un suministro de energía descentralizado, estable y de origen local, lo que reduce la dependencia de los mercados globales volátiles y mejora la seguridad energética.

En conclusión, si bien es posible que la situación se esté calmando tras los acontecimientos de 2024, el trabajo que tenemos por delante recién está comenzando. Los gobiernos deben aprovechar el momento en 2025 y comprometerse a adoptar medidas audaces que aceleren la transición hacia un futuro energético sostenible.

Esto es posible si se implementan las inversiones, las políticas y las reformas regulatorias adecuadas, y las soluciones deberán adaptarse al contexto particular de cada país.