La situación de la minería informal en Perú y las decisiones políticas para abordarlo pusieron al ministro Rómulo Mucho en la cuerda floja y fue censurado por el Congreso y deberá presentar su renuncia. 

La urgencia se llevó puesta al proyecto de Ley de la minería artesanal y pequeña minería, Ley MAPE y al ministro de Minería y Energía, Rómulo Mucho,  que fue censurado por negligencia en la gestión de la minería artesanal, la mociónfue aprobada en el pleno por 79 votos que ahora deberá presentar su renuncia ante la presidente Dina Boluarte.

“El Congreso acuerda censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por su falta de capacidad y grave negligencia en la gestión de su su sector y por la falta de interés e idoneidad para solucionar la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales”, expresa el texto aprobado

En pleno, el Congreso puso en duda la Ley MAPE y cuestionó al ministro por los pedidos de extensión al REINFO. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, destacó la necesidad de "encarar este problema de la formalización de la pequeña minería para dar una ley coherente, realista, que realmente sea el inicio de una solución definitiva para la formalización minera en el país, en este sector económico tan importante para nuestra patria y que ocupa más de medio millón de peruanos".

Durante su participación en Peru MiningBusiness 2025, Mucho declaró que "ante los acontecimientos, hoy no podemos ser insensibles ni indolentes. Hay una problemática que tenemos que resolver, por lo tanto, yo planteo una reunión de trabajo de unidad nacional entre todos los actores de la minería para que estemos todos presentes para aportar iniciativas, soluciones".

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) precisó que existen muchas dudas respecto a la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), y por ello es necesario aclarara que la Ley MAPE permite a los trabajadores mineros seguir con su proceso de formalización. 

EL DEBATE EN COMISIÓN

La Comisión de Energía y Minas, que preside el congresista Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial) inició el debate del Proyecto de Ley 9555/2024-PE, Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, siendo el punto más controvertido del proyecto el extender en 6 meses  la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Luego que diversos congresistas se manifestaron en contra y favor de esta extensión del plazo del Reinfo, la Comisión acordó por mayoría seguir debatiendo en una próxima sesión el proyecto de ley, recogiendo las propuestas recibidas.

La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) dijo que la propuesta del Ejecutivo tal como está planteada extenderá el plazo del Reinfo, prolongando su agonía, pues muchos mineros no quieren formalizarse. Lo máximo que debía extenderse sería tres meses, según enfatizó.

Al respecto, la tercera disposición complementaria transitoria del Proyecto Ley 9555/2024-PE establece que, una vez publicada la ley, se continúa tramitando los procedimientos de formalización minera, por un período de seis meses a cargo de las Direcciones Regionales de Minería, y luego de ese plazo, pasará al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para que continúe los trámites hasta que se concluya.

El Reinfo fue creado en 2016 para el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Después de sucesivas prórrogas, los que quieran formalizarse tienen hasta el 31 de diciembre de este año para cumplir con este proceso, aunque a la fecha  de los aproximadamente 87 mil mineros inscritos en el Reinfo, solo  han logrado formalizarse poco más del 2,4%, según cifras oficiales.

El congresista Jorge Morante Figari (Somos Perú) indicó que seguir ampliando el Reinfo es como actuar en un mercado persa donde se ofertarían favores a cambio, y no se logra el control de la minería ilegal, que en el caso de Loreto sigue afectando drásticamente los ríos y propiciando la trata de personas, y que por tanto esa actividad es “altamente nociva” para el país.

Dijo que por los procedimientos que plantea el proyecto de ley no serán 6 meses que demore la formalización, sino hasta dos años.

El congresista Paul Gutiérrez manifestó que debido a la demora del Ejecutivo en presentar el proyecto de ley y en vista de la necesidad de discutirlo con mayor detenimiento, esta norma  podría aprobarse en la próxima legislatura, aunque dijo que la comisión que preside trabajará arduamente desde el 2 de diciembre para buscar su aprobación en el presente período legislativo.

El parlamentario Diego Bazán sostuvo que extender el Reinfo es beneficiar a la economía ilegal, cuya producción no se fiscaliza, y que quienes están en dicho registro no tienen responsabilidad penal en delitos contra el ambiente que cometen con la extracción del mineral

El congresista Carlos Alva Rojas (Acción Popular) dijo que los dueños de la concesiones mineras informales pagan solo 38 mil soles al año al Estado, frente a las millonarias ganancias que tienen, y que por ello no tendrían interés en formalizarse y pagar más impuestos.

El congresista Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú) manifestó que los mineros que protestan pidiendo la extensión del Reinfo no son millonarios, y que escogieron ese oficio por necesidad al no tener otras oportunidades.

Agregó que el Estado al concesionar la explotación del mineral tiene la responsabilidad de solucionar el problema y en ese sentido planteó extender por dos años el plazo del Reinfo.

El legislador Pasión Dávila Atanacio (Bancada Socialista) dijo que el Reinfo debería extenderse pues es una necesidad de los mineros artesanales y que el estado tiene la responsabilidad de encontrar una solución técnica.

Congresista Héctor Ventura Ángel (Fuerza Popular) dijo que es necesario dar el soporte a los mineros artesanales que quieren formalizarse y ofrecerles alternativas para continuar con sus actividades.

A su turno, el legislador Jorge Montoya indicó que el Reinfo no funciona, pues el contrato de concesión no lo permite, el cual tiene que ser más viable para acoger a los mineros, y que la fiscalización ambiental de esas actividades debía estar a cargo del Estado.

El congresista Arturo Alegría  García (Fuerza Popular) dijo que el debate debe continuar en el Pleno del Congreso con la participación de toda la representación nacional.