Entre 2000 y 2023, el número de empresas estatales entre las 500 mayores empresas del mundo por ingresos aumentó de 34 a 126. En 2023, estas empresas tenían US$ 53,5 billones en activos y más de US$ 12 billones en ingresos. Ese mismo año, el 12% de la capitalización de mercado mundial estaba en empresas con más del 25% de propiedad del sector público.

Sin embargo, la prominencia de las empresas estatales varía considerablemente entre mercados. En el área de la OCDE, la capitalización de mercado de las empresas que cotizan en bolsa con más del 25% de propiedad del sector público es de solo el 2%, en comparación con el 16% en América Latina y más del 40% o más en algunos mercados.

MÁS PAÍSES DEBERÍAN ADOPTAR POLÍTICAS QUE PROMUEVAN LA PROPIEDAD ESTATAL PROFESIONAL Y ACTIVA
Más allá de sus actividades comerciales, las empresas estatales suelen perseguir objetivos de política pública, como la reducción de las desigualdades, el desarrollo de infraestructuras o la prestación de servicios de salud, al tiempo que generan ingresos.

Es necesario calibrar cuidadosamente los objetivos de política pública y hacer que sean transparentes para garantizar que las políticas bien intencionadas no perjudiquen el funcionamiento eficaz de los mercados.

La propiedad estatal profesional y activa garantiza que las empresas estatales creen valor a largo plazo para el Estado y que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y sostenible, en consonancia con los principios de propiedad. Este informe concluye que:

+ La mitad de las jurisdicciones encuestadas aún no han introducido políticas de propiedad que describan el objetivo del Estado como propietario y cómo ejerce la propiedad.

+ En la actualidad, en el 53% de las jurisdicciones se utilizan acuerdos de propiedad centralizados o coordinados, que reúnen grupos de expertos en gestión de activos públicos (frente al 41% en 2021), pero el 27% de las jurisdicciones aún tienen propiedad dispersa, lo que dificulta separar la propiedad de otras funciones gubernamentales, como la formulación de políticas o la regulación.

+ El 64% de las jurisdicciones publica informes anuales sobre el sector de las empresas estatales, y el 37% ofrece información exhaustiva sobre el desempeño general y la evolución de toda la cartera de empresas estatales en términos agregados, promoviendo así una mayor rendición de cuentas y transparencia.

Se necesitan mayores esfuerzos para nivelar el campo de juego entre las empresas estatales y otras empresas

Para que las empresas estatales y otras empresas puedan competir en igualdad de condiciones es necesario abordar los posibles conflictos que surgen de las funciones del Estado como creador de políticas, regulador del mercado y propietario de la empresa. Aunque el 80% de las jurisdicciones ofrecen un tratamiento regulatorio similar a las empresas estatales y otras empresas, existen diferencias implícitas o explícitas entre ellas:

+ Tratamiento fiscal especial para algunas empresas estatales en un tercio de las jurisdicciones y aplicación inconsistente de las normas de insolvencia en el 18%.

+ En el 38% de las jurisdicciones no existe obligación de informar sobre los pasivos contractuales y contingentes, lo que puede afectar a los propietarios de acciones no estatales y a otras partes interesadas al reducir su capacidad para evaluar los riesgos.

+ En el 21% de las jurisdicciones no existe ningún requisito para que las empresas estatales separen la contabilidad de las obligaciones de servicio público y en el 26% de las jurisdicciones no existe una compensación adecuada por el cumplimiento de dichas obligaciones.

+ Acceso preferencial a financiación para empresas estatales, incluidas garantías estatales implícitas o explícitas sobre la deuda comercial en el 74% de las jurisdicciones.

La alineación con las mejores prácticas en materia de divulgación, transparencia y rendición de cuentas de las empresas estatales varía tanto dentro de las jurisdicciones como entre ellas

Una gobernanza corporativa eficaz depende de una transparencia, una rendición de cuentas y una divulgación rigurosas. En el caso de las empresas estatales, existe la responsabilidad adicional de demostrar una gestión eficaz de los recursos públicos frente al público y las partes interesadas, a fin de mitigar los riesgos de corrupción, ineficiencia y mala gestión. Las prácticas varían ampliamente según las categorías y tamaños de las empresas estatales:

+ Los requisitos de información y divulgación financiera y no financiera, similares a los que se aplican a las empresas que cotizan en bolsa, normalmente se aplican a un subconjunto de empresas estatales de propiedad central y de gran tamaño.

+ La divulgación debería cubrir los objetivos de las empresas estatales comerciales y no comerciales, pero sólo el 52% de las jurisdicciones exigen dicha divulgación.

+ Si bien el 89% de las jurisdicciones exigen que las empresas estatales revelen las transacciones con partes relacionadas, esto se aplica principalmente a las empresas estatales grandes y que cotizan en bolsa. Las empresas estatales que se adhieren a las normas de presentación de informes reconocidas internacionalmente (como las NIIF) también deben revelar los activos y pasivos fuera de balance.

+ El 86% de las jurisdicciones exigen que al menos algunas empresas estatales informen sobre los riesgos materiales e implementen estrategias de gestión de riesgos.

+ Sólo la mitad de las jurisdicciones exigen que todas sus empresas estatales realicen auditorías externas independientes, mientras que el 15% depende de la Entidad Fiscalizadora Superior nacional para realizar auditorías anuales.

Los marcos jurídicos consagran la independencia, la diversidad y la autonomía de los consejos directivos de las empresas estatales, pero siguen siendo un área de mejora

Los directorios desempeñan un papel fundamental en la definición de la estrategia, la supervisión y el desempeño de cada empresa estatal. Su función y sus obligaciones deben estar claramente definidas en la legislación y sus miembros deben actuar en beneficio de la empresa y sus accionistas, teniendo también en cuenta los intereses de las partes interesadas. Un directorio competente, independiente y diverso mejora la toma de decisiones, mitiga los posibles conflictos de intereses y evita la interferencia política indebida. Algunas ideas clave son:

+ En el 67% de las jurisdicciones, los directorios de las empresas estatales tienen plena responsabilidad y autonomía para definir la estrategia empresarial, limitar la interferencia indebida y promover el interés a largo plazo de la empresa.

+ El 58% de las jurisdicciones tienen objetivos o cuotas de género para las juntas directivas de las empresas estatales, con el objetivo de lograr una representación de al menos 1/3 del género minoritario.

+ Las definiciones de independencia de los consejos varían según las jurisdicciones, y solo dos jurisdicciones adoptan definiciones que se ajustan a una definición de referencia de mejores prácticas. La mayoría de las jurisdicciones evaluadas no incluyen límites al período de nombramiento en su definición.

+ El 25% de las jurisdicciones no tienen una prohibición formal de que políticos electos presten servicios en las juntas directivas de las empresas estatales, incluso si esto no ocurre en la práctica.

+ El 77% de las jurisdicciones exigen que las empresas estatales grandes o que cotizan en bolsa tengan una función de auditoría interna que reporte al directorio o a su comité de auditoría, lo que refleja las mejores prácticas.

Las empresas estatales son fundamentales para el desarrollo sostenible y pueden dar ejemplo en diversos ámbitos, incluida la transición a bajas emisiones de carbono y la conducta empresarial responsable.

Las entidades propietarias y las empresas estatales deben gestionar los riesgos de manera proactiva, de manera que se fomente la sostenibilidad, la resiliencia y la creación de valor a largo plazo. La prevalencia de las empresas estatales en sectores con altas emisiones de gases de efecto invernadero, como los hidrocarburos, los servicios públicos, la construcción, la energía y los metales, las hace especialmente importantes para la transición a una economía con bajas emisiones de carbono.

+ El sector público posee el 18% de las acciones de las 100 empresas que más emisiones de GEI tienen y que cotizan en bolsa a nivel mundial, con una participación significativamente mayor en algunos mercados emergentes.

+ A pesar de ello, sólo una cuarta parte de las jurisdicciones incorporan explícitamente objetivos climáticos en su política de propiedad de empresas estatales.

+ El 92% de una muestra de 479 empresas estatales que cotizan en bolsa a nivel mundial divulgó información sobre sostenibilidad en 2022. De ellas, el 51% divulgó emisiones de GEI de alcance 1 y 2, y el 23% divulgó emisiones de alcance 3. Esto demuestra un compromiso con la transparencia en esta área, pero también un importante margen de mejora.