En los últimos 20 años, la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial, junto con un entorno internacional favorable, permitieron que el Perú se convirtiera en una economía de ingreso mediano alto.
El PBI per cápita subió de US$ 2,126 en 2003 a USD 7,790 en 2023. Las políticas macroeconómicas sólidas y prudentes se han reflejado en un nivel de deuda pública bajo, amplias reservas internacionales, un Banco Central creíble, y un sistema financiero robusto.
El Perú ha concluido una década de relativo bajo crecimiento, con un promedio de 2.3% entre 2014 y 2023, donde uno de cada tres peruanos está en pobreza. Estos resultados contrastan con la década precedente, donde la economía creció 6.4% y la pobreza se redujo de 60% a 33% entre 2004 y 2013. Estas diferencias se explican por un deterioro institucional, un contexto económico externo menos favorable en la transición entre décadas, los efectos del COVID-19, y una marcada inestabilidad política desde 2018.
En el 2024, la economía peruana se está recuperando de la contracción del año previo, que respondió a choques climatológicos adversos, protestas sociales y una disminución en la confianza empresarial. Se espera que la economía se expanda en 3.1% durante 2024. La recuperación se explica por la una mejora en la confianza, precios de las exportaciones mineras más favorables, un impulso fiscal asociado al crecimiento de la inversión pública, y un relajamiento de las condiciones monetarias por parte del Banco Central, luego de que la inflación volviera al rango meta.
Para los dos años siguientes se espera que la economía se expanda en promedio 2.5%. Este entorno de crecimiento moderado, sumado a tasas de inflación bajas, permitirían una reducción de la pobreza de 3 puntos porcentuales entre 2023 y 2026.
Para lograr una trayectoria de crecimiento más elevada e inclusiva, el Perú enfrenta un grupo de retos estructurales y de corto plazo. Entre los primeros destacan la mejora en la calidad de los servicios públicos asociados al capital humano y la infraestructura, mejoras en gobernanza pública, fomentar un entorno propicio para los negocios que remueva las barreras al crecimiento empresarial, así como un ambiente de mayor estabilidad política. La reducción de las vulnerabilidades a choques climáticos es también parte de la agenda pendiente.
En términos de un crecimiento más inclusivo, además de propiciar mejoras en la red de protección social, se debe buscar alcanzar empleos de mayor calidad, y reducir la informalidad y las disparidades de género en el mercado laboral. En el corto plazo, el principal reto que enfrenta la economía es asegurar una trayectoria fiscal más prudente, que se traduzca en una reducción del déficit fiscal observado durante 2023 y 2024. Esta mayor prudencia permitirá al país seguir gozando de la credibilidad fiscal que ha caracterizado al Perú en las últimas tres décadas, y que ha permitido condiciones favorables de acceso a los mercados de deuda tanto para el sector público como para el privado.
EL PROGRAMA DEL BM EN PERÚ
El marco de alianza con el Perú abarca el período 2023-27. El Grupo Banco Mundial se centra en apoyar al Perú en un desarrollo inclusivo y sostenible, basado en las oportunidades y ventajas económicas de la transición energética global y los recursos naturales del país, mejorando los servicios públicos y de protección social, abordando las desigualdades territoriales y aumentando la resiliencia ante el clima y otros impactos.
El Banco Mundial tiene una cartera activa de US$ 2700 millones, que incluye 14 proyectos de inversión y 3 operaciones para políticas de desarrollo (USD 2000 millones) que respaldan políticas orientadas a lograr una recuperación económica más resiliente, más verde e inclusiva, mejoran la adaptación al cambio climático y apoyan la transición hacia una economía más ecológica en sectores específicos. Los proyectos de inversión se centran en la infraestructura (transporte urbano, agua y saneamiento, riego y transmisión de electricidad), así como en la prestación de servicios de justicia, de protección social, los sistemas de innovación y los sistemas de respuesta ante emergencias sanitarias.
La cartera de IFC es de US$ 800 millones, de los cuales US$ 107 millones corresponden a fondos de terceros, e incluye compromisos con 12 entidades del país. La cartera de la IFC por sector incluye instituciones financieras (79%) e infraestructura (21%). La cartera de IFC se ve renovada por interés del sector privado por requerir financiación y servicios de asesoramiento (ya reflejado en los compromisos para los ejercicios 23 y 24 de US$ 400 millones con BBVA Continental para financiación de edificios verdes, US$ 150 millones a Grupo Ransa para implementar su plan de descarbonización y US$ 100 millones con MiBanco para financiación de PYMEs, cuyas propietarias son mujeres.
Hasta octubre de 2024, la exposición al riesgo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) en el Perú ascendía a US$1.139 millones, a través de tres proyectos en el sector financiero. Estos compromisos ocupan el cuarto lugar en magnitud de la región de América Latina y el Caribe y el octavo puesto en la cartera general del Organismo. Desde julio de 2024, MIGA emitió garantías por U$ 403 millones, cubriendo las reservas obligatorias del Banco Santander Perú. Un porcentaje de esto se destinará a abordar la gran brecha de financiación climática en el Perú.
